Diputada Marcela Pagano amplió denuncia penal contra Manuel Adorni por presuntos retornos económicos. Escrito judicial detalla contratos millonarios entre consultora de su esposa y empresas navieras proveedoras de YPF, en un esquema de posible beneficio indirecto mediante fondos públicos.
La Justicia Federal comenzó a investigar al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, tras una presentación judicial de la legisladora nacional Marcela Pagano. El escrito apunta a la actividad comercial de la consultora +BE, propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa del funcionario.
Según la denuncia, la firma habría brindado servicios a empresas contratistas del Estado mientras Adorni ocupaba cargos públicos de alta jerarquía.
El eje central de la acusación describe un presunto “circuito triangular de flujos económicos“. Pagano detalló que la empresa National Shipping SA (NSSA), proveedora de servicios de transporte para YPF, contrató capacitaciones de la consultora de Angeletti por un monto de $6.370.000. La petrolera estatal tiene a Adorni entre los integrantes de su directorio desde el 30 de enero de 2026.
Desde la compañía naviera aclararon que sus contratos con YPF operan de forma ininterrumpida desde 1998. Asimismo, precisaron que los servicios de consultoría de Angeletti se realizaron en noviembre de 2024 y octubre de 2025, fechas en las que Adorni se desempeñaba como secretario de Medios y jefe de Gabinete, pero antes de su ingreso formal a la petrolera.
La denuncia de la diputada nacional también extendió la sospecha sobre otros procesos administrativos bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
Uno de los puntos mencionados es la concesión del predio de Tecnópolis, gestionada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Entre las firmas interesadas se encuentra el Grupo Foggia, que según la presentación judicial, figura como cliente de la esposa del funcionario.
Paralelamente, Pagano solicitó investigar posibles irregularidades en una licitación de 3.650 millones de pesos para servicios de comunicación digital. La legisladora detectó vínculos societarios y domicilios compartidos entre las empresas que compitieron en el proceso, el cual fue impulsado originalmente por Adorni durante su etapa en la Secretaría de Comunicación.
La presentación judicial incluyó un pedido para investigar el patrimonio de Angeletti por presunto enriquecimiento ilícito. El escrito cuestiona la evolución de los activos del jefe de Gabinete y solicita a la Justicia que analice la consistencia entre los ingresos declarados por el matrimonio y su nivel de vida actual, que incluye deudas con acreedores privados y viajes internacionales recientes.
El expediente, que tramita en el juzgado N°11 a cargo de Ariel Lijo, deberá determinar si los servicios profesionales de la consultora +BE constituyen un beneficio indirecto para el funcionario o si se trata de actividades comerciales genuinas sin relación con su rol público. ¿Logrará la Justicia distinguir entre la actividad profesional privada y el uso de la influencia estatal?
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