La justicia brasileña fijó para el 24 de marzo la primera audiencia contra Agostina Páez, detenida tras realizar gestos discriminatorios en un bar de Ipanema. La fiscalía sostiene que existieron tres hechos distintos, lo que complica su situación procesal y su posibilidad de regresar al país.
El caso de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años detenida en Río de Janeiro, entra en una etapa crítica. El próximo 24 de marzo comenzará la audiencia de instrucción y juzgamiento, instancia donde se definirá su futuro tras ser imputada por injuria racial. Páez permanece bajo arresto domiciliario y con monitoreo electrónico en Brasil desde hace más de dos meses, luego de que se viralizara un video en el que realizaba gestos de primate y gritaba insultos racistas a empleados de un local gastronómico.
La acusación de la fiscalía brasileña es más severa de lo previsto inicialmente: sostiene que la joven cometió tres hechos independientes de racismo. Bajo la figura del “concurso material”, las penas de cada episodio podrían sumarse. Dado que la injuria racial en Brasil prevé entre 2 y 5 años de cárcel por cada hecho, la sumatoria teórica alcanza un máximo de 15 años de prisión.
La abogada de Páez, Carla Junqueira, busca derribar la narrativa de los tres episodios, argumentando que las pruebas fílmicas solo muestran un único momento de tensión. “La fiscalía construye una narrativa basada en declaraciones de las víctimas y un video interno del bar donde no se ve nada”, afirmó la letrada. La defensa apuesta a que, de haber condena, se aplique la pena mínima, la cual sumaría 6 años y seguiría siendo de cumplimiento efectivo (no excarcelable si supera los 4 años).
Por otro lado, Páez ha manifestado su arrepentimiento a través de audios y videos en sus redes sociales:
“He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias”, expresó la joven, quien justifica su accionar como un “arrebato” tras una presunta estafa en el cobro de sus consumiciones y gestos obscenos por parte del personal del bar.
El objetivo inmediato de la defensa es lograr la revocación de las medidas cautelares para que Páez pueda esperar el dictamen final en Argentina. Hasta el momento, tres pedidos similares fueron rechazados por la justicia brasileña. El argumento judicial es que los tratados de cooperación bilateral solo aplican para la ejecución de la pena y no para la fase de investigación (fase inquisitoria), una interpretación que la defensa cuestiona formalmente.
La audiencia del 24 de marzo será clave: si no se logra concluir el debate en ese día, el proceso podría dilatarse meses, obligando a la argentina a permanecer en Río de Janeiro de manera indefinida. El delito de racismo en Brasil es imprescriptible e inalienable, y no admite acuerdos de “no persecución penal” (similares al juicio abreviado), lo que garantiza que la sentencia deberá ser dictada por un juez.
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