El Gobierno presentó un proyecto de ley para agilizar los desalojos mediante juicios sumarísimos, permitiendo la recuperación de inmuebles en cinco días. La reforma también endurece las reglas de expropiación, exigiendo pagos previos totales y tasaciones basadas en el mercado bursátil.
Tras una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, el Gobierno libertario definió que una de sus prioridades parlamentarias para este ciclo de sesiones será un ambicioso proyecto de ley centrado en el dominio inmobiliario. La iniciativa busca corregir lo que el Ejecutivo considera distorsiones del sistema actual, otorgando herramientas legales más contundentes a los dueños frente a ocupaciones irregulares. El texto, que permaneció bajo reserva durante el verano, ingresará finalmente al Congreso con el respaldo del Consejo de Mayo, el grupo multisectorial encargado de operativizar los acuerdos alcanzados con las provincias.
El núcleo de la propuesta radica en la aceleración de los tiempos procesales. Se pretende implementar el formato de “juicio sumarísimo”, reduciendo drásticamente los plazos para que un inmueble sea restituido. Una de las modificaciones más audaces permite que el demandante obtenga la posesión inmediata del bien en un lapso de cinco días, simplemente presentando el título de propiedad y bajo caución juratoria, sin necesidad de esperar la sentencia definitiva. Además, la normativa amplía el espectro de quienes pueden iniciar estas acciones, incluyendo no solo a los dueños registrados, sino también a inquilinos con contrato vigente o usufructuarios que vean vulnerado su derecho de uso.
En lo que respecta a la Ley de Expropiaciones, el proyecto introduce criterios de mercado más estrictos para las compensaciones estatales. De aprobarse, los montos indemnizatorios deberán actualizarse por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y basarse en al menos dos peritajes independientes. Para las compañías que operan en el mercado de valores, se establece que el pago se calculará según la cotización bursátil previa al anuncio de la utilidad pública. Asimismo, se prohíbe explícitamente la transferencia del dominio al Estado si no se ha efectuado el pago total y previo de la indemnización, limitando además la facultad de disponer ocupaciones temporales exclusivamente a la figura del Presidente de la Nación.
La reforma también pone la lupa sobre el sector empresarial para evitar la parálisis operativa durante procesos de expropiación. El texto aclara que no se podrá disponer la toma temporal de empresas o acciones de sociedades de manera arbitraria. En casos donde se requiera garantizar la continuidad de servicios públicos o actividades industriales, el Estado deberá solicitar una veeduría o intervención a través de la vía judicial, bajo los términos de la Ley General de Sociedades. Con estas medidas, diseñadas por un equipo que integran desde cámaras empresariales hasta sectores sindicales, el Gobierno busca generar un entorno de mayor previsibilidad jurídica para la inversión privada en Argentina.
La Ciudad corta hoy el tránsito en el cruce del tren Mitre para construir un túnel estratégico que agilizará la salida hacia General Paz y eliminará un histórico punto crítico de accidentes.
El ministro de Inteligencia de Irán falleció tras una operación aérea israelí, según informó el Ministerio de Defensa, profundizando la crisis regional tras los recientes ataques contra la cúpula de Teherán.
El Gobierno advirtió que no homologará paritarias que superen el 2% mensual, presionando a los gremios a renegociar. Mientras Camioneros y Sanidad acataron el tope, sectores como Alimentación y Gastronómicos enfrentan conflictos ante la falta de validación oficial de sus aumentos.
Axel Kicillof inició su construcción presidencial con un acto virtual en Córdoba, buscando expandir su influencia fuera de Buenos Aires. Mientras tanto, el peronismo bonaerense mostró señales de tregua en un evento que reunió a diversas facciones bajo un mensaje de unidad.
La industria regional del neumático atraviesa una crisis por el avance de productos asiáticos, que ya dominan el mercado brasileño con precios ínfimos. Tras el cierre de Fate, la presión de importaciones chinas amenaza miles de empleos en el Mercosur.
La Corte Suprema rechazó cerrar una causa contra Lázaro Báez por evasión en Austral Construcciones. Sin embargo, un tribunal lo sobreseyó parcialmente al aplicar la nueva Ley de Inocencia Fiscal, que elevó los montos mínimos para procesar delitos tributarios.
Morales Solá critica las falsedades de Cristina Kirchner en la causa Cuadernos y, simultáneamente, cuestiona la injerencia de Milei y el ministro Mahiques en el Poder Judicial. Advierte que esta doble presión institucional impide restablecer la confianza en el país.
El Gobierno presentó un proyecto de ley para agilizar los desalojos mediante juicios sumarísimos, permitiendo la recuperación de inmuebles en cinco días. La reforma también endurece las reglas de expropiación, exigiendo pagos previos totales y tasaciones basadas en el mercado bursátil.
