Expectativa política y controversia industrial tras la decisión del Gobierno de eliminar las restricciones a las patentes de medicamentos. La líder de la Coalición Cívica respaldó el fin del proteccionismo para laboratorios nacionales y la apertura a fórmulas extranjeras.
El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Resolución Conjunta 1/2026 de los ministerios de Salud y Economía, eliminó las restricciones para el otorgamiento de patentes farmacéuticas que estaban vigentes desde hace catorce años.
La decisión busca simplificar el proceso de registro ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y alinear la normativa local con los estándares internacionales exigidos por socios comerciales como Estados Unidos.
La medida dejó sin efecto la resolución 118 de 2012, la cual establecía criterios estrictos que dificultaban el patentamiento de nuevas fórmulas en el país. Bajo el esquema anterior, el INPI tenía facultades limitadas para evaluar innovaciones, lo que permitía que laboratorios locales fabricaran versiones similares de medicamentos extranjeros sin pagar regalías. Con el nuevo marco, el organismo analizará cada solicitud de forma individual, fortaleciendo la protección de la propiedad intelectual.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, calificó el cambio como una mejora trascendental para el respeto de la propiedad. Según el funcionario, el sistema previo funcionaba como un “atentado contra el derecho de propiedad” y demoraba la llegada de terapias innovadoras al mercado argentino.
El titular del INPI, Carlos María Gallo, junto a los ministros Mario Lugones y Luis Caputo, ratificaron que el objetivo es generar previsibilidad para la inversión en salud.
La dirigente, Elisa Carrió, celebró la iniciativa y destacó que el cese del “proteccionismo escandaloso” de los laboratorios nacionales es un avance significativo. La líder de la Coalición Cívica manifestó su expectativa de que la apertura del mercado resulte en un abaratamiento de los precios, aunque este punto genera controversia en el sector técnico.
Por su parte, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cifla) manifestó una postura opuesta. La entidad advirtió que el fortalecimiento de los monopolios de patentes podría elevar los costos del sistema sanitario.
Según un informe de la fundación FIEL citado por la cámara, el ahorro generado por la competencia de genéricos y biosimilares alcanzaría los 3.321 millones de dólares para el año 2025.
Para evitar un impacto inmediato en el bolsillo, la resolución aclaró que los productos que ya se comercializan en el país no se verán afectados. Los titulares de nuevas patentes no podrán impedir la venta de versiones que ya estén en las farmacias ni exigir retribuciones retroactivas. El nuevo esquema regirá exclusivamente para los trámites y desarrollos futuros que ingresen al registro nacional.
La reforma plantea un interrogante sobre el equilibrio entre el incentivo a la investigación científica y la sostenibilidad económica de la salud pública. En un mercado donde la exclusividad de una droga determina su valor, el impacto final de esta desregulación dependerá de la capacidad del sistema para integrar nuevas terapias sin comprometer el acceso universal a los medicamentos.
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