El Gobierno enviará al Congreso un paquete de reformas que incluye un nuevo Código Penal, cambios en el financiamiento universitario y una fuerte protección a la propiedad privada.
El Gobierno enviará al Congreso un paquete de reformas que incluye un nuevo Código Penal, cambios en el financiamiento universitario y una fuerte protección a la propiedad privada.
En un movimiento estratégico para retomar la iniciativa política, el Poder Ejecutivo nacional confirmó el envío de un conjunto de proyectos que marcarán el ritmo del debate parlamentario en los próximos meses. El anuncio, realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, delinea lo que la Casa Rosada denomina el “Año de la Reforma”, un proceso que busca desmantelar regulaciones históricas y endurecer el marco legal vigente en materia de seguridad y derechos de propiedad.
El primer bloque de leyes está diseñado para “fortalecer la propiedad privada”, un eje central de la doctrina de Javier Milei. Entre las iniciativas destaca una nueva Ley de Expropiaciones, que busca limitar la capacidad del Estado para declarar bienes de “utilidad pública”. Según el oficialismo, se pretende terminar con la discrecionalidad estatal en la toma de activos privados.
Este paquete se completa con tres medidas adicionales de alto impacto: la modificación de la Ley de Tierras Rurales, orientada a eliminar las restricciones actuales que impiden a ciudadanos extranjeros la compra de grandes extensiones de territorio; una reforma a la Ley de Manejo del Fuego, derogando las limitaciones impuestas durante la gestión anterior sobre el uso de tierras tras incendios; y una innovadora Ley de Desalojo, que permitiría la restitución de propiedades ocupadas en un plazo máximo de cinco días.
El Gobierno también avanzará con la modificación de la Ley de Glaciares. El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca compatibilizar la protección de los recursos hídricos con la expansión de la actividad minera. La nueva normativa devolvería a las provincias la potestad para decidir en qué zonas permitir explotaciones, eliminando lo que el Ejecutivo considera el “marco regulatorio más prohibitivo del mundo”. El objetivo declarado es atraer inversiones estables para el sector extractivo bajo un nuevo paradigma de soberanía económica.
En un terreno de alta sensibilidad social, el oficialismo enviará reformas a las leyes de Financiamiento Universitario y Discapacidad. Respecto a las universidades, el borrador propone un esquema de aumentos salariales desvinculados de la inflación, con una oferta del 12,3% distribuida en tres tramos para 2026. Esta medida se da en un contexto de fuerte tensión con los gremios docentes por la pérdida del poder adquisitivo.
En cuanto a la discapacidad, el Gobierno anunció que los beneficios se restringirán exclusivamente a quienes acrediten una incapacidad total para trabajar. El vocero presidencial justificó la medida bajo la premisa de depurar el padrón de beneficiarios, denunciando irregularidades en las concesiones de certificados durante gestiones pasadas.
Finalmente, el proyecto más voluminoso es el nuevo Código Penal. Con más de 900 páginas, la iniciativa busca modernizar el sistema punitivo nacional. El texto propone endurecer las penas para delitos existentes y crear nuevas figuras penales adaptadas a la actualidad, como las estafas piramidales, el daño animal, y la presencia de armas en contextos carcelarios. También incluye sanciones específicas para la actividad de los denominados “trapitos” en la vía pública.
Para complementar esta reforma, el Ejecutivo enviará al Senado los pliegos de 60 jueces y fiscales para cubrir vacantes estratégicas en el Poder Judicial, buscando agilizar la aplicación del nuevo marco normativo.
A pesar del anuncio, el camino en el Congreso no será sencillo. Temas clave como la reforma política (que busca eliminar las PASO) y la reforma impositiva han sido postergados ante la falta de consensos con bloques aliados como la UCR y el PRO. El éxito de esta ambiciosa agenda dependerá, en gran medida, de la capacidad de negociación con los gobernadores, especialmente en un contexto donde la caída de la recaudación coparticipable tensa los vínculos entre la Casa Rosada y las provincias.
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