Un hombre de 70 años abonará cuatro millones de pesos a una víctima para cerrar una causa por explotación sexual. El Tribunal Oral Federal de Neuquén homologó el acuerdo tras considerar el delicado estado de salud del imputado.
Un hombre de 70 años abonará cuatro millones de pesos a una víctima para cerrar una causa por explotación sexual. El Tribunal Oral Federal de Neuquén homologó el acuerdo tras considerar el delicado estado de salud del imputado.

El Tribunal Oral Federal de Neuquén aprobó esta semana un acuerdo de reparación integral que permite a un jubilado de casi 70 años evitar el juicio oral en su contra. El hombre, radicado en la capital provincial pero oriundo de Rosario, estaba procesado por facilitar la prostitución ajena y obtener beneficios económicos de dicha actividad ilícita.
La investigación judicial comenzó en 2013 a raíz de la denuncia de una de las víctimas. Según el expediente, el imputado alquiló su propiedad ubicada en la calle Libertad al 900, en el centro de Neuquén, durante tres años a los administradores de un prostíbulo. En ese inmueble se llevaron a cabo actividades vinculadas a la trata de personas y la explotación sexual de mujeres.
El acuerdo económico establece que el acusado debe pagar cuatro millones de pesos en una cuota única a la mujer que se presentó como querellante. El Ministerio Público Fiscal avaló la medida, mientras que el tribunal consideró factores humanitarios para la homologación.
El hombre padece una enfermedad oncológica grave y fue sometido a cirugías recientes, condiciones que dificultaban la realización de un debate oral prolongado.
Es importante señalar que este resarcimiento solo beneficia a una de las afectadas. Del grupo original de víctimas identificadas en la pesquisa, dos no pudieron ser localizadas por la justicia y una cuarta decidió desistir de cualquier reclamo legal. El cumplimiento efectivo del pago significará el sobreseimiento total y definitivo del propietario del inmueble.

A pesar del cierre de la causa para el dueño de la vivienda, el proceso judicial continúa para los administradores directos del local. Estos enfrentan cargos por trata de personas con fines de explotación sexual, un delito que prevé penas de prisión efectiva. La resolución del tribunal hacia el propietario marca un antecedente en el uso de salidas alternativas dentro de procesos que se extienden por más de una década.
Este episodio pone de relieve la responsabilidad legal de los propietarios al momento de arrendar sus inmuebles. En Neuquén, diversos operativos policiales detectaron dinámicas similares donde viviendas particulares funcionan como escenarios para delitos federales.
La justicia restaurativa aparece aquí como una herramienta para dar respuesta inmediata a la víctima, aunque plantea interrogantes sobre la proporcionalidad del castigo frente a la gravedad de los hechos denunciados originalmente.
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