La oposición y organizaciones ambientales denunciaron irregularidades en la metodología del debate en Diputados. Marta Maffei calificó la jornada de “farsa” y Adolfo Pérez Esquivel advirtió que el agua “no es una mercancía”. El oficialismo defendió la validez del proceso pese a las críticas.
La Cámara de Diputados fue escenario este miércoles de una audiencia pública de alta tensión por la modificación de la Ley de Glaciares. El plenario comenzó con una impugnación formal de bloques opositores (UCR, Coalición Cívica y Unión por la Patria), quienes denunciaron que el procedimiento vulnera la Constitución, el Acuerdo de Escazú y el reglamento interno al restringir la participación ciudadana.
El conflicto escaló cuando los expositores descubrieron que el tiempo de alocución se redujo de 5 a 4 minutos sin previo aviso. Además, de los 120.000 inscriptos para participar, solo se autorizó el ingreso de 200, lo que motivó que el diputado Nicolás Mayoraz (LLA) tuviera que retirarse del recinto para destrabar el ingreso de oradores retenidos por la seguridad.
| Posturas en Conflicto | Argumentos Principales |
| Oficialismo (LLA) | El procedimiento es válido; la Justicia ya rechazó medidas cautelares. |
| Marta Maffei (Autora Ley original) | La reforma es una “farsa” que otorga discrecionalidad total a las provincias. |
| Pérez Esquivel (Nobel de la Paz) | Preocupación por el derecho al agua frente a intereses corporativos. |
| Gobierno de San Juan | Apoyo al proyecto; atribuyen la crisis hídrica a la falta de obras previas. |
Uno de los momentos más álgidos fue la exposición de Andrés Nápoli (FARN), quien advirtió que la nueva ley, lejos de traer previsibilidad, generará “cientos de demandas judiciales” por su carácter regresivo. En la misma línea, el abogado ambientalista Enrique Viale acusó al oficialismo de legislar para beneficiar a multinacionales como Barrick Gold y Glencore, y adelantó una denuncia contra la senadora Flavia Royón por presunto cohecho e incompatibilidad.
Por el sector a favor, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, fue abucheado al sostener que la minería no compite con el consumo de agua y responsabilizar al kirchnerismo por la falta de infraestructura de riego. Sus palabras fueron celebradas por el bloque libertario, pero interrumpidas por la oposición al cumplirse su tiempo.
Marta Maffei cerró su intervención con una fuerte advertencia: su presencia “no convalida esta farsa” y se reservó el derecho de accionar legalmente. Las organizaciones sociales y pueblos originarios presentes coincidieron en que la reforma permitiría que solo 12 provincias decidan sobre un recurso estratégico que pertenece a todos los argentinos.
La audiencia pública, que busca “sanear” el debate legislativo, parece haber profundizado la grieta ambiental. Mientras el oficialismo busca avanzar con los cambios para destrabar inversiones mineras, el arco opositor y científico augura una paralización judicial de la norma apenas sea sancionada.
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La oposición y organizaciones ambientales denunciaron irregularidades en la metodología del debate en Diputados. Marta Maffei calificó la jornada de “farsa” y Adolfo Pérez Esquivel advirtió que el agua “no es una mercancía”. El oficialismo defendió la validez del proceso pese a las críticas.
