El Gobierno de Salta inició acciones legales tras el casamiento de los empresarios Nicole Pocovi y Federico Maran en un área protegida de Cafayate. La provincia sostiene que la autorización presentada es apócrifa y que el evento violó normas de preservación ambiental.
Lo que comenzó como una celebración de estilo “Coachella” en el paraje La Punilla terminó en una denuncia penal. Las imágenes del festejo, que incluyeron luces LED, proyectores sobre los cerros y drones, se viralizaron rápidamente, despertando la indignación de las autoridades locales por realizarse en una zona resguardada por la Ley Provincial 6806.
A continuación, los detalles de los protagonistas y la situación judicial del evento:
| Protagonista | Perfil Profesional / Vínculo |
| Nicole Pocovi (31) | Dueña de la marca de lentes Not Your Mona e hija de Marcelo Pocovi. |
| Federico Maran (34) | Socio de la concesionaria de autos de alta gama AutoMilano. |
| Lugar del evento | Quebrada de las Conchas, paraje La Punilla (Área Protegida). |
| Situación Legal | Denuncia por uso de documento apócrifo y falta de autorización. |
La boda contó con un despliegue técnico inusual para la zona: barras de tragos, DJs, cuevas iluminadas artificialmente y proyecciones de videoclips sobre las formaciones rocosas. Aunque una supuesta propietaria del predio defendió el evento alegando tener los permisos, la Secretaría de Ambiente provincial fue tajante al confirmar que el organismo competente nunca emitió tal autorización.
El factor Pocovi y el “estilo festival”
Nicole Pocovi, formada en periodismo en Miami y emprendedora del sector moda, es hija del empresario que mantuvo un mediático vínculo con Zulemita Menem. Por su parte, Maran mantiene un perfil más orientado al negocio automotriz en Pilar y Agronomía. El “dress code” del evento, inspirado en festivales internacionales, contrastó con la rigurosidad de las normativas ambientales que prohíben este tipo de actividades masivas en reservas naturales.
La Municipalidad de Cafayate ratificó la denuncia ante la justicia para determinar las responsabilidades penales de los organizadores y de quienes falsificaron la documentación oficial para llevar adelante el “casamiento del año”.
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