El Gobierno impulsa el Régimen Simplificado de Ganancias, prometiendo “presunción de inocencia” y acceso al crédito frente al Monotributo. No obstante, especialistas advierten que la carga impositiva podría duplicarse, recomendando el cambio solo para quienes necesiten justificar grandes consumos o blanquear ahorros.
La irrupción del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) ha generado un intenso debate en el sector de los trabajadores independientes sobre la conveniencia de abandonar el sistema de cuota fija. Juan Pazo, ex titular de ARCA, defiende la nueva propuesta subrayando un cambio de paradigma: la presunción de inocencia del contribuyente. Bajo este esquema, el organismo recaudador es quien debe probar eventuales irregularidades, otorgando un “bloqueo fiscal” a quienes paguen la liquidación predeterminada por el fisco, siempre que no existan desvíos superiores al 15%.
Desde la óptica oficial, el RSG busca desburocratizar la relación con el Estado. Mientras que el monotributista convencional debe justificar detalladamente su patrimonio y consumos ante una inspección, el adherente al nuevo sistema solo responde por su facturación y gastos deducibles. Esta estructura apunta a liberar al ciudadano de la carga de la prueba, permitiendo que quienes ahorraron fuera del sistema financiero en las últimas décadas puedan reinsertar ese capital en la economía real con mayor seguridad jurídica.
A pesar de las promesas de “blindaje”, diversos contadores mantienen cautela y sugieren analizar cada caso minuciosamente. El argumento principal contra la migración directa es el salto en la presión impositiva; mientras un monotributista de la categoría máxima puede tributar cerca de 12 millones de pesos anuales, el esquema de Ganancias —aun siendo simplificado— podría elevar esa cifra a 20 millones en situaciones de escasas deducciones. Por ello, los expertos suelen recomendar el traspaso únicamente a quienes necesiten blanquear divisas del mercado informal o busquen calificar para créditos hipotecarios y grandes compras registrables.
Por otro lado, la reforma plantea una tensión con los asesores tributarios. Desde el Ministerio de Economía sostienen que la simplificación es tan drástica que reducirá la necesidad de contratar servicios profesionales permanentes para cumplir con las obligaciones. En definitiva, la elección entre ambos sistemas no es lineal: el Monotributo sigue reinando por su bajo costo y sencillez operativa, mientras que el RSG se perfila como una plataforma de formalidad superior para quienes priorizan el acceso al financiamiento y la protección ante fiscalizaciones profundas.
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