Prohíben a Marcelo Grandío acercarse a la empleada aeronáutica que reveló detalles sobre la facturación del vuelo privado a Uruguay.
Prohíben a Marcelo Grandío acercarse a la empleada aeronáutica que reveló detalles sobre la facturación del vuelo privado a Uruguay.
En una resolución de fuerte impacto institucional, el Juez Federal Ariel Lijo dictó este sábado medidas de protección urgentes en favor de Vanesa Elizabeth Tossi, secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation.
La decisión busca salvaguardar la integridad de la testigo tras denunciar haber sido objeto de hostigamiento y presiones por parte de Marcelo Grandío, un allegado al Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni.
La medida judicial se originó tras un pedido del Fiscal Federal Gerardo Pollicita, quien calificó como “escandalosa” la situación vivida el pasado viernes.
Mientras Tossi brindaba declaración testimonial sobre los detalles del vuelo que trasladó a Adorni hacia Punta del Este, Uruguay, comenzó a recibir sucesivas llamadas y mensajes intimidatorios por parte de Grandío.
Según el testimonio de la empleada aeronáutica, estas comunicaciones, sumadas al envío previo de una carta documento, tenían como único fin “amedrentarla y condicionar su relato sobre los hechos investigados”.
En su declaración, Tossi fue contundente al señalar que Grandio no solo efectuó el pago del traslado, sino que además “habría solicitado explícitamente que no se emitiera la factura correspondiente por dicho servicio”.
Ante la gravedad de los hechos, el Juez Lijo ordenó que Marcelo Grandío se abstenga de contactar a la damnificada por cualquier vía (personal, telefónica o digital) y estableció una restricción de acercamiento a su domicilio y lugar de trabajo.
El fiscal Pollicita subrayó que estas acciones atentan contra la espontaneidad de una fuente de prueba fundamental. En su dictamen, argumentó que la interrupción de la audiencia mediante comunicaciones intimidatorias exhibe un “riesgo real que debe ser mitigado de inmediato para preservar la libertad de declaración”.
Más allá de las medidas de protección, la justicia ha decidido abrir una investigación paralela para determinar la existencia de delitos de acción pública relacionados con amenazas y coacciones.
La resolución judicial enfatiza que el objetivo primordial es el “resguardo de la integridad psíquica de la testigo y la protección del proceso de recolección de pruebas”.
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