A pesar de advertencias de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, la Knesset aprobó la ley de pena de muerte para terroristas, con 62 votos a favor, 48 en contra y una abstención.
A pesar de advertencias de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, la Knesset aprobó la ley de pena de muerte para terroristas, con 62 votos a favor, 48 en contra y una abstención.
El pleno del Parlamento israelí aprobó este lunes, con 62 votos a favor y 48 en contra, la ley que establece la pena de muerte para terroristas. La iniciativa, liderada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, determina que cualquier individuo que cause la muerte de un ciudadano con el objetivo de negar la existencia del Estado de Israel podrá ser sentenciado a la pena capital mediante ahorcamiento.
La normativa estipula que la ejecución deberá cumplirse en un plazo máximo de 90 días tras la sentencia firme. No obstante, el texto final sufrió modificaciones respecto a la propuesta original debido a las presiones del primer ministro, Benjamin Netanyahu.
En la versión definitiva, la pena de muerte no será obligatoria, otorgando a los jueces la facultad de dictar cadena perpetua si consideran que existen razones o circunstancias especiales en el caso.
Durante el debate previo a la votación, el ambiente en la Knesset reflejó una profunda fractura. El ministro Ben Gvir calificó la jornada como un acto de “justicia histórica” y de disuasión.
Por el contrario, el líder de la oposición, Yair Lapid, rechazó la medida calificándola como un ejercicio de relaciones públicas que no garantiza mayor seguridad. Según Lapid, la ley no incluye a los perpetradores de los ataques del 7 de octubre debido a limitaciones en la retroactividad penal.
Paralelamente, Benny Gantz, presidente de Azul y Blanco, cuestionó la viabilidad técnica de la ley. El exjefe del Estado Mayor sostuvo que, aunque es partidario de eliminar terroristas en el campo de batalla, la legislación actual es inconstitucional y carece del respaldo unánime de los organismos de seguridad nacional.
La nueva legislación establece diferencias operativas según la jurisdicción. En Judea y Samaria (Cisjordania), la pena de muerte será la norma general y no requerirá unanimidad judicial, aunque los magistrados podrán optar por la reclusión perpetua con la debida justificación.
Además, la ley prohíbe explícitamente que los condenados a muerte sean parte de futuros acuerdos de intercambio de prisioneros o reciban indultos.
El asesor jurídico del Comité de Seguridad Nacional, Idan Ben Yitzhak, advirtió que la imposibilidad de conceder indultos contraviene convenciones internacionales, como el Convenio de Ginebra.
Este punto ha generado tensiones con la Unión Europea. Las cancillerías de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido manifestaron su preocupación por el carácter discriminatorio de la norma, sugiriendo que su implementación podría afectar el Acuerdo de Asociación entre el bloque europeo e Israel.
La implementación efectiva de la pena de muerte, un recurso que en la historia de Israel solo se aplicó al criminal nazi Adolf Eichmann en 1962, queda ahora supeditada a las previsibles impugnaciones ante el Tribunal Superior de Justicia.
Ante un panorama de posibles sanciones internacionales y dilemas éticos internos, cabe preguntarse si esta herramienta legislativa logrará su objetivo de disuasión o si permanecerá como un símbolo de la actual tensión política en la región.
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