El Gobierno nacional oficializó el Registro Integrado de Beneficiarios (RIB) para centralizar los datos de quienes reciben asistencia estatal. Bajo la órbita de Capital Humano, busca unificar padrones fragmentados, eliminar intermediarios y mejorar la transparencia mediante el cruce de información social.
A través de la Resolución 23/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional puso en marcha el Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB). Esta herramienta, que funcionará bajo la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, tiene como meta principal unificar en una plataforma única toda la información sobre las personas que perciben prestaciones estatales en la Argentina. La medida busca terminar con la dispersión de datos entre distintos organismos, permitiendo una identificación precisa de cada receptor y de las características de la ayuda que recibe.
Este nuevo instrumento se integrará al Sistema Integrado de Información Social (SIIS), un repositorio tecnológico diseñado para el cruce de bases de datos y la interoperabilidad de archivos entre diversas áreas del Estado. Según los considerandos de la normativa, la administración de esta base de datos permitirá no solo el resguardo de la información sensible, sino también la generación de estadísticas basadas en evidencia para evaluar el impacto real de las intervenciones públicas en el territorio nacional.
La creación del RIB se alinea con la visión estratégica de la ministra Sandra Pettovello, quien recientemente enfatizó la necesidad de distinguir técnicamente entre lo que comúnmente se denomina “planes sociales” y las prestaciones de la seguridad social. Desde la cartera de Capital Humano, sostienen que las jubilaciones y pensiones son derechos automáticos regidos por ley, mientras que los programas sociales deben ser entendidos como políticas focalizadas con reglas de acceso estrictas, condicionalidades y auditorías de resultados permanentes.
En términos operativos, el registro busca eliminar duplicidades y superposiciones en la asignación de recursos, garantizando la trazabilidad de los fondos públicos. El Ejecutivo argumenta que este reordenamiento no implica necesariamente una expansión de la asistencia, sino una recomposición del poder adquisitivo de herramientas existentes, como la Asignación Universal por Hijo (AUH). Al concentrar la información, el Estado pretende fortalecer la transparencia y asegurar que el apoyo llegue de manera directa al ciudadano, prescindiendo de gestores o intermediarios en la ejecución de la política social.
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