Préstamos millonarios otorgados por el Banco Nación a legisladores y asesores de La Libertad Avanza generaron denuncias de la oposición por presuntos privilegios. La entidad defendió la legalidad de las operaciones y negó excepciones en el scoring crediticio.
El Banco de la Nación Argentina (BNA) quedó en el centro del debate público tras la difusión de datos que vinculan a integrantes del Poder Ejecutivo y legisladores de La Libertad Avanza con la obtención de créditos hipotecarios de hasta 350.000 dólares.
La información, proveniente de la Central de Deudores del Banco Central, motivó pedidos de informes en el Congreso Nacional para determinar si existieron privilegios en el acceso a estas líneas de financiamiento.
La nómina de funcionarios incluye a figuras clave del área económica. Entre los préstamos de mayor cuantía figuran los de Juan Pedro Inchauspe (director del BCRA) y Felipe Núñez (director del BICE y asesor del Ministerio de Economía). Ambos recibieron montos equivalentes a 350.000 dólares al momento de la adjudicación.
También integran el listado el secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un crédito de 276.000 dólares, y el director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, por 77.417 dólares. En el ámbito legislativo, los diputados nacionales Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde registran pasivos que oscilan entre los 218.000 y 243.000 dólares.
Autoridades del banco público, presidido por Darío Wasserman, aseguraron que el proceso de otorgamiento fue homogéneo y careció de excepciones. La entidad argumentó que, al administrar la mayoría de las cuentas sueldo del sector estatal, es natural que sus empleados opten por las líneas internas.
Un punto técnico relevante es la existencia de la línea “+Hogares sector público”. Este programa permite financiar hasta el 90% del valor del inmueble con una tasa anual del 6%, condiciones superiores a las del mercado privado, donde el financiamiento suele alcanzar solo el 75% con tasas que superan el 7%. El cuestionamiento opositor radica en si los funcionarios políticos deben recibir el mismo tratamiento de riesgo que un empleado de planta permanente.
El diputado nacional, Esteban Paulón, presentó un proyecto para investigar potenciales conflictos de interés. El legislador busca determinar si la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) o la Superintendencia de Entidades Financieras detectaron irregularidades en la asistencia crediticia a “personas vinculadas“.
Paulón enfatizó la necesidad de esclarecer si estas adjudicaciones guardan relación con la pertenencia partidaria o con votaciones legislativas clave. La controversia se produce en un contexto donde el Gobierno nacional manifestó su intención de transformar al BNA en una sociedad anónima, lo que genera interrogantes sobre el uso de recursos de una entidad cuya naturaleza jurídica se pretende modificar.
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