Doscientos cincuenta mil millones de pesos recibirán los 135 municipios bonaerenses tras la reglamentación del fondo de emergencia provincial. El auxilio, financiado con deuda pública, busca reactivar obras y cubrir baches de tesorería ante el recorte de transferencias nacionales.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, puso en marcha el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM). La medida, oficializada mediante el decreto 358/2026, busca aliviar las tesorerías locales y sostener la inversión en infraestructura en un contexto de alta tensión financiera con la administración nacional.
Este instrumento se financiará con el 8% de los recursos obtenidos por la emisión de deuda pública autorizada por la Legislatura, que asciende a 3.685 millones de dólares.
Según el presupuesto actual, el piso garantizado para los municipios es de 250.000 millones de pesos, aunque la cifra podría escalar a los 317.200 millones si se completa la colocación total de los títulos previstos.
El esquema de reparto establece que el 70% de los recursos se asignará a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD), sistema que pondera variables como población, capacidad tributaria y superficie. Entre los distritos con mayor beneficio proyectado se encuentran La Matanza, Malvinas Argentinas, La Plata y Lomas de Zamora.
El 30% restante se canalizará mediante tres programas específicos: Transporte y Acceso Territorial, Mejoramiento de la Infraestructura Municipal y Cultura y Territorio. La reglamentación impone una restricción técnica: cada intendencia deberá optar exclusivamente por uno de estos ejes para aplicar los recursos, con el objetivo declarado de garantizar la eficiencia en el gasto.
Los desembolsos se realizarán en cinco cuotas de hasta 50.000 millones de pesos cada una. Las tres primeras están programadas para el 30 de abril, 31 de agosto y 30 de noviembre de 2026.
Las dos restantes se ejecutarán en abril y junio de 2027. La transferencia efectiva de estos montos queda supeditada a que los respectivos Concejos Deliberantes aprueben la adhesión al fondo.
Paralelamente, el mandatario provincial propuso a los jefes comunales un acuerdo político vinculado a los reclamos ante la Corte Suprema. El ejecutivo bonaerense se comprometió a coparticipar el 16,14% de cualquier suma que la Nación restituya a la Provincia en concepto de deudas por el Fondo de Incentivo Docente, subsidios al transporte y deudas previsionales, cifra que el distrito estima en 2 billones de pesos.
La decisión ocurre en un marco de fragilidad fiscal para las provincias. Mientras el Gobierno nacional autorizó anticipos financieros para 12 jurisdicciones por 400.000 millones de pesos, Buenos Aires fue excluida de ese listado.
Según datos oficiales, el territorio bonaerense perdió 282.554 millones de pesos en ingresos por coparticipación durante el primer trimestre de este año, lo que representa una caída real del 6,7% interanual.
Expertos señalan que el uso de estos fondos es una práctica recurrente para dar gobernabilidad y asegurar la aprobación de presupuestos con endeudamiento. No obstante, la dependencia de la deuda externa e interna para financiar gastos locales plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este esquema si la actividad económica y la recaudación nacional no muestran signos de recuperación en el corto plazo.
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