Nuevas reglas para la instalación de farmacias y digitalización total del servicio sanitario marcan el proyecto de ley rionegrino. La propuesta suprime barreras geográficas para fomentar la competencia y garantiza la trazabilidad de fármacos mediante recetas electrónicas.
El Poder Ejecutivo de Río Negro envió un proyecto de ley para modificar la regulación del sistema farmacéutico provincial. La propuesta busca reemplazar la Ley G Nº 4.438 con el objetivo de modernizar la comercialización de medicamentos y facilitar la instalación de nuevos puntos de venta. Según la administración de Alberto Weretilneck, el esquema vigente resulta insuficiente ante los avances tecnológicos y las demandas actuales de la población.
El cambio central del nuevo esquema radica en la eliminación de las barreras geográficas. Hasta la fecha, existían restricciones de distancia que impedían la apertura de locales cercanos a farmacias ya establecidas. El proyecto suprime estas limitaciones, permitiendo la radicación de comercios en cualquier punto de las ciudades.
Paralelamente, la reforma habilita a personas jurídicas —como empresas o sociedades— a ser propietarias de farmacias. Anteriormente, la titularidad estaba ligada mayormente a profesionales farmacéuticos. No obstante, el texto mantiene la obligación de contar con un Director Técnico responsable de la supervisión y entrega de los fármacos en cada local.
La digitalización es el otro pilar de la normativa. La reforma establece la obligatoriedad de la receta electrónica en todo el territorio rionegrino. Además, legaliza la “telefarmacia” y autoriza el envío de medicamentos a domicilio.
Estas medidas están diseñadas para beneficiar a adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes podrán acceder a prescripciones digitales extendidas por un plazo de hasta seis meses.
En las localidades pequeñas, donde la cobertura suele ser escasa, la ley permitirá que un mismo profesional farmacéutico dirija más de un establecimiento. El Gobierno rionegrino aseguró que aplicará incentivos fiscales o económicos para fomentar que los inversores elijan zonas alejadas de los grandes centros urbanos.
Pese a la flexibilización comercial, el mandatario rionegrino aclaró que el Estado mantendrá su poder de policía sanitaria. La intención oficial es que la mayor competencia entre actores redunde en mejores condiciones de acceso, pero bajo una supervisión que garantice la trazabilidad de los medicamentos.
El proyecto de ley deberá ser debatido ahora en la Legislatura provincial, donde se espera el análisis de los sectores profesionales afectados. La unificación de criterios tecnológicos y la apertura del mercado marcan un giro en la política sanitaria de la región.
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