Con dictamen de mayoría, Diputados tratará mañana cambios en la protección de suelos congelados para habilitar inversiones. El Gobierno defiende el impacto económico de 20.000 millones de dólares, mientras la oposición denuncia un retroceso ambiental irreversible.
El plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados emitió este martes dictamen favorable al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares.
La iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza con el apoyo de Pro y sectores de la Unión Cívica Radical, cosechó 37 firmas y será tratada mañana miércoles en una sesión especial.
El eje central de la modificación propone que la protección ambiental se limite a las geoformas que posean una función hídrica “relevante y verificable”, permitiendo la actividad productiva en áreas hoy resguardadas por la normativa vigente.
Durante la jornada de debate, funcionarios nacionales y gobernadores de provincias cordilleranas defendieron la necesidad de “clarificar” los alcances de la ley. El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, sostuvo que no se busca reducir el estándar de calidad ambiental, sino permitir el desarrollo económico en zonas que no comprometen el recurso hídrico.
Según estimaciones del Poder Ejecutivo, la reforma permitiría viabilizar inversiones mineras estancadas, principalmente en los rubros de cobre y oro.
El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, cuestionó lo que denominó una “campaña del miedo” y argumentó que muchos glaciares de escombros tienen un aporte marginal a las cuencas. El funcionario ejemplificó que ciertos cuerpos de hielo aportan caudales mínimos que no justifican la paralización de proyectos que generarían puestos de trabajo e ingresos fiscales millonarios.
Por su parte, el subsecretario de Medio Ambiente, Fernando Brom, señaló que la ley actual impidió incluso la realización de estudios técnicos para conocer la realidad de los recursos hídricos.
La postura oficial encontró una resistencia férrea en los bloques de Unión por la Patria, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Los legisladores opositores advirtieron que la reforma es inconstitucional por ser “regresiva” en materia ambiental.
El diputado, Maximiliano Ferraro, denunció que la modificación deja la protección de los glaciares supeditada a decisiones discrecionales de las provincias, lo que podría derivar en una judicialización masiva de los nuevos proyectos mineros.
La presencia de Lucero en el Congreso generó momentos de tensión. Diputados de la oposición recordaron su pasado reciente como abogado asesor de grandes corporaciones del sector y sugirieron que debería haberse excusado de participar en el diseño de la reforma.
En paralelo, un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) introdujo un elemento de sospecha sobre el consenso alcanzado, al señalar transferencias de fondos nacionales a las provincias días antes de los debates legislativos.
El futuro de las reservas de agua y el modelo de desarrollo extractivo quedarán bajo la lupa del recinto. La discusión parlamentaria de mañana determinará si el país modifica su contrato ambiental en favor de la expansión minera. ¿Podrá una nueva normativa técnica resolver el conflicto entre la preservación de ecosistemas críticos y la urgencia de atraer divisas, o se abrirá un nuevo capítulo de conflicto social y legal en la cordillera?
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