Hugo Morales, exfutbolista y propietario original de la unidad en Caballito, aportó datos clave sobre la venta. La Justicia investiga el origen de los fondos de las jubiladas que financiaron la compra del Jefe de Gabinete.
Hugo Morales, exfutbolista y propietario original de la unidad en Caballito, aportó datos clave sobre la venta. La Justicia investiga el origen de los fondos de las jubiladas que financiaron la compra del Jefe de Gabinete.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este martes un testimonio presencial que reactivó el expediente.
Hugo Alberto Morales, exintegrante de la selección argentina, prestó declaración testimonial vía Zoom desde Corrientes ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. El deportista confirmó que vendió su departamento de la calle Miró al 500 por 200.000 dólares en mayo de 2024, operación que marca el inicio de una compleja triangulación inmobiliaria.
Morales explicó que la propiedad se encontraba deteriorada y que aceptó una oferta inferior a su pretensión inicial de 250.000 dólares. Según el testigo, las compradoras fueron Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, dos jubiladas que, apenas meses después, revendieron la unidad a Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, por 230.000 dólares.
El dato que despertó las alarmas judiciales es que estas mismas mujeres figuran como acreedoras del crédito hipotecario que permitió al funcionario realizar la adquisición.
Durante su declaración de más de dos horas, el exfutbolista mencionó la presencia de dos hombres no identificados que acompañaron a las compradoras en la firma de la escritura.
Para sumar precisión al relato, Morales entregó su teléfono celular a la fiscalía, permitiendo el acceso a chats, audios y capturas de pantalla relacionados con la inmobiliaria Rucci, de Mataderos, que intermedió en la transacción.
El esquema financiero de Adorni presenta otro punto de conflicto en la localidad de Exaltación de la Cruz. Según la denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano, el Jefe de Gabinete obtuvo un préstamo privado de 100.000 dólares el mismo día que adquirió una propiedad en el barrio cerrado Indio Cuá. En este caso, las prestamistas son Graciela Isabel Molina, comisario retirada, y su hija Victoria Cancio.
La fiscalía ya cuenta con los anexos reservados de las declaraciones juradas de Adorni de los años 2022 a 2025, enviados por la Oficina Anticorrupción. El foco de los investigadores se centra ahora en la capacidad económica de las acreedoras.
Una de ellas, Claudia Sbabo, figuraba recientemente como beneficiaria de un programa social para jubilados con ingresos inferiores a los 600.000 pesos mensuales, lo que genera interrogantes sobre la procedencia de los fondos utilizados para financiar hipotecas en dólares.
La actividad en los tribunales de Comodoro Py continuará este miércoles con la citación de la escribana Adriana Nechevenko. La profesional fue la encargada de certificar las tres operaciones clave: la compra en Caballito, el préstamo de la casa en el country y la hipoteca sobre un departamento previo en Parque Chacabuco. Su testimonio es considerado vital para corroborar si los movimientos de dinero fueron bancarizados o se realizaron en efectivo.
El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Pollicita también aguardan informes de los Registros de la Propiedad Inmueble de Ciudad y Provincia de Buenos Aires. El objetivo final es determinar si el crecimiento patrimonial del funcionario, que incluye además una serie de viajes al exterior bajo estudio, guarda correlación directa con sus ingresos declarados.
¿Es posible que un esquema de préstamos privados entre particulares oculte un incremento patrimonial no justificado o se trata de una ingeniería financiera lícita pero poco habitual para un funcionario público? La Justicia deberá definir si la transparencia declarada ante la Oficina Anticorrupción alcanza para explicar el origen real de las divisas.
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