Con una reducción del 30% en las frecuencias, la Secretaría de Transporte busca actualizar la estructura de costos frente al salto del precio del gasoil. El jueves será el día clave para evitar la parálisis del servicio.
Con una reducción del 30% en las frecuencias, la Secretaría de Transporte busca actualizar la estructura de costos frente al salto del precio del gasoil. El jueves será el día clave para evitar la parálisis del servicio.
El sistema de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra en un estado de fragilidad absoluta. Tras varios días de servicios reducidos y una creciente incertidumbre entre los usuarios, el Gobierno Nacional decidió tomar cartas en el asunto y convocó a las cámaras empresarias del sector a una reunión de carácter urgente. El encuentro, que originalmente estaba previsto para este miércoles, fue reprogramado para el próximo jueves a las 11:00 en el edificio del Ministerio de Economía.
El objetivo central de la Secretaría de Transporte, encabezada por Fernando Herrmann, es destrabar un conflicto que ya se traduce en una merma de hasta el 30% en las frecuencias de diversas líneas de jurisdicción nacional y provincial. La situación no es caprichosa: las empresas argumentan que la estructura de costos sobre la cual se calculan los subsidios ha quedado totalmente desfasada frente a la realidad del mercado de combustibles, lo que imposibilita la operación normal de las unidades.
La crisis del transporte local tiene un componente geopolítico inesperado. La escalada de tensión en el Medio Oriente —que en las últimas semanas disparó el barril de crudo Brent por encima de los USD 100— generó una onda expansiva que impactó directamente en los surtidores argentinos. En apenas veinte días, el precio del gasoil registró incrementos de entre el 20% y el 25%.
Esta volatilidad internacional dejó en evidencia un error de cálculo en la estructura de subsidios vigente. Según detallaron las cámaras empresarias en una carta enviada a las autoridades, el Gobierno está tomando como referencia un precio del gasoil de $1.744,15 por litro, mientras que el valor real que las empresas pagan en la actualidad promedia los $1.915. Esta brecha del 9,8%, multiplicada por los miles de litros que consume la flota diariamente, ha licuado el margen operativo de las compañías.
Más allá de los fierros y el combustible, el conflicto tiene una dimensión social inminente. Este miércoles marca el cuarto día hábil del mes, la fecha límite para el pago de los salarios de los choferes. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ya lanzaron una advertencia contundente: “Chofer que no cobra, no sale a trabajar”.
La postura del gremio es clara y pone al Gobierno entre la espada y la pared. Si las empresas no reciben un anticipo adicional o una actualización de los fondos correspondientes a abril, el incumplimiento salarial será inevitable, lo que derivaría en un paro total de actividades a partir de las primeras horas del viernes. Las empresas han solicitado formalmente que se incluya el aumento de combustibles y una partida extraordinaria para garantizar la paz social.
Uno de los motivos de la reprogramación de la reunión para el jueves fue un pedido expreso de las cámaras: la participación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Dado que el conflicto afecta tanto a líneas nacionales como provinciales que comparten el territorio del AMBA, la coordinación entre las distintas jurisdicciones es vital para unificar criterios de asistencia financiera.
Para las familias del área metropolitana, la resolución de este conflicto es crítica. Según los últimos datos, el costo del transporte ya representa cerca del 47% de la canasta de servicios básicos. En un contexto de alta inflación, una nueva parálisis del servicio o un ajuste brusco en la tarifa de colectivos y subtes representaría un golpe demoledor para el bolsillo de los trabajadores. El jueves, en las oficinas de Economía, se definirá si el AMBA recupera su frecuencia habitual o si se encamina a un viernes de persianas bajas en las terminales.
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