Tras el desplante a los jueces federales y el avance de causas sensibles contra Karina Milei y Manuel Adorni, la Casa Rosada analiza reabrir la negociación por las vacantes en la Corte Suprema y la Procuración.
Tras el desplante a los jueces federales y el avance de causas sensibles contra Karina Milei y Manuel Adorni, la Casa Rosada analiza reabrir la negociación por las vacantes en la Corte Suprema y la Procuración.
La brutal embestida de los jueces federales de Comodoro Py ha dejado un mensaje nítido en los pasillos de la Casa Rosada: la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia no fue suficiente para calmar las aguas. Ante este escenario, el gobierno de Javier Milei comienza a considerar la necesidad de reabrir la discusión por los lugares vacantes en la Corte Suprema y la Procuración General de la Nación, buscando una “paz judicial” que brinde oxígeno a una gestión asediada por frentes judiciales.
El malestar en los tribunales de Retiro no es nuevo. Los jueces Mariano Borinsky, Ariel Lijo, Marcelo Martínez de Giorgi y María Servini de Cubría lideran un sector que se sintió “destratado” por Karina Milei. Como respuesta, la actividad en causas que complican directamente al núcleo duro del oficialismo ha cobrado una velocidad inquietante para el Ejecutivo.
Uno de los flancos más expuestos es el de Manuel Adorni. El jefe de Gabinete se encuentra en el ojo de la tormenta tras la revelación de nuevas “prestamistas” que habrían facilitado 100.000 dólares para la compra de su casa en un country. Se supo que Graciela Isabel Molina de Cancio aportó 85.000 dólares, mientras que Victoria María José Cancio completó los 15.000 restantes. Esta maniobra, que se sospecha espejo de otra operación inmobiliaria previa, ha sumado elementos para una investigación penal por presunto enriquecimiento o irregularidades patrimoniales.
Simultáneamente, la causa Libra —que investiga la presunta promoción de una criptoestafa por parte del Presidente a cambio de un contrato de 5 millones de dólares— está en manos de Martínez de Giorgi. La filtración de audios y documentos del teléfono de Mauricio Novelli ha elevado el voltaje de una causa que el Gobierno no logra contener. En Comodoro Py, la lectura es uniforme: los hermanos Milei están “desbordados” y necesitan negociar.
En este ajedrez, los jueces federales ven la oportunidad de expandir su influencia hacia el máximo tribunal. El nombre de Mariano Borinsky circula con fuerza para ocupar una de las vacantes en la Corte. Esta jugada pondría en crisis el supuesto acuerdo de Mahiques con Horacio Rosatti, presidente de la Corte, que apuntaba a postergar las nuevas designaciones para un próximo mandato.
Sin embargo, un fiscal federal consultado explicó que la estrategia de apoyarse solo en la Corte ha fallado: “Es muy difícil que la Corte Suprema pueda garantizar un acuerdo de toda la justicia con un gobierno; eso no pasa”. Por ello, el grupo de Lijo y Borinsky mantiene canales abiertos con Sergio Massa y los gobernadores peronistas. Saben que cualquier pliego para la Corte o la Procuración requerirá, inevitablemente, de los votos del bloque de senadores del PJ.
La urgencia del Gobierno radica en que 2027, al ser año electoral, clausuraría cualquier posibilidad de acuerdo legislativo de esta magnitud. Por eso, el objetivo sería enviar los pliegos antes o durante el Mundial de junio de 2026. “Cuando esté jugando la Selección, más si al equipo le va bien, podría ser un buen momento para meter los pliegos”, deslizan desde la justicia.
El error táctico de haber desplazado a Guillermo Montenegro —el candidato original de Comodoro Py— en favor de Mahiques ha dejado al Gobierno lidiando con una realidad incómoda: las causas de mayor impacto político están concentradas en los juzgados de quienes hoy se sienten opositores al estilo de gestión de “El Jefe”. La “paz judicial”, entonces, ya no parece una opción, sino una necesidad de supervivencia para el esquema de poder de los Milei.
Gobernadores de diversos signos políticos prevén desdoblar las elecciones provinciales para desvincularse de los comicios nacionales. La decisión de Tucumán aceleró el adelantamiento de fechas en el interior, complicando la estrategia de unificación electoral del Gobierno nacional.
Morales Solá critica el ataque de Milei a Lula en Brasil, señalando que utiliza el escrache para simular la furia de 2023. Alerta que esta injerencia pone en riesgo la relación con nuestro principal socio comercial.
El Gobierno designó al abogado laboralista de empresas Ramiro Cherñetz en la Dirección de Asociaciones Sindicales, área que controla personerías y elecciones. La CGT tildó el nombramiento de provocación en medio de tensiones por el reconocimiento de autoridades gremiales.
A 15 años del crimen de las turistas francesas en Salta, la causa se reabrió para revisar irregularidades judiciales. Con peritajes genéticos en Argentina y Francia, la fiscalía busca identificar a todos los responsables del doble femicidio.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el pago del recargo del 50 % para extinguir acciones penales tributarias. El mecanismo exige generar un volante electrónico por impuesto para acreditar el desembolso ante la Justicia.
La UBA desmintió al Gobierno nacional y aclaró que los alumnos extranjeros representan solo el 24 % de la matrícula en Medicina. Además, precisó que la gran mayoría posee residencia permanente y tributa impuestos en la Argentina.
El exfuncionario de la AFIP, Juan Carlos Santos, declaró finalmente en el juicio de la causa Cuadernos. Su testimonio ante el TOF 7 reencauzó el proceso tras subsanarse un insólito error judicial que citó previamente a un homónimo.
El despido de 64 trabajadores del Hospital Posadas sumó más de 200 cesantías bajo la gestión actual. Los gremios de la salud se declararon en alerta, convocaron asambleas y exigieron la reincorporación inmediata para evitar el colapso operativo.
