El Gobierno Nacional confirmó que en los próximos días ingresará a la Cámara de Diputados una reforma integral de la Ley N° 26.657 de Salud Mental. Aunque no se busca la derogación total, la iniciativa apunta a remover los obstáculos operativos que, según el Ministerio de Salud y asociaciones de familiares, han precarizado la atención en la última década.
Internación involuntaria: Se busca simplificar el proceso para que un psiquiatra pueda ordenar la internación en situaciones de urgencia sin las trabas burocráticas actuales.
Hospitales especializados: Se da marcha atrás con la orden de cierre de los centros monovalentes (psiquiátricos), integrándolos a una red de atención por niveles.
Cambio de terminología: Se reemplaza el concepto de “padecimiento mental” por el de “trastornos mentales o del comportamiento”, alineándose con estándares internacionales (CIE).
El proyecto propone que el criterio de riesgo sea “posibilidad de daño para sí o para terceros”, permitiendo intervenciones más oportunas y preventivas.
El nuevo rol de los profesionales frente a la justicia
Uno de los puntos más conflictivos de la ley actual es el rol del Órgano de Revisión (OR). Profesionales del área denuncian que la fuerte presencia de abogados en este ente suele obstaculizar tratamientos médicos por desconocimiento técnico. La reforma propone reemplazarlo por un Equipo Interdisciplinario de Salud Mental con mayor peso de la cartera sanitaria y áreas técnicas como Sedronar.
El objetivo es que las decisiones de internación y alta vuelvan a tener un sustento primordialmente clínico. Según fuentes oficiales, la intervención de letrados en emergencias ha expuesto a pacientes a riesgos mayores al impedir internaciones necesarias bajo el argumento de la libertad individual, aun cuando la integridad física estaba comprometida.
Federalismo y acceso desigual
Desde el Ministerio conducido por Mario Lugones advierten sobre la falta de aplicación homogénea de la norma en el país. Actualmente, solo 16 jurisdicciones han adherido formalmente, lo que genera un mapa de atención fragmentado donde las provincias con menos recursos carecen de camas de internación en hospitales generales.
La reforma pretende garantizar que los hospitales generales no sean la única opción, reconociendo que muchos no cuentan con la infraestructura o el personal capacitado para casos complejos. “En lugar de cerrar instituciones, la propuesta es reforzar una red que incluya hospitales especializados, dispositivos ambulatorios y residencias asistidas”, indicaron desde Salud.
Voces a favor y en contra
Mientras el oficialismo confía en tener los votos de los bloques aliados en Diputados, especialistas como el psiquiatra Hugo Cohen sostienen que el problema no es la ley en sí, sino su crónica falta de presupuesto y aplicación. Cohen señala que la demora en organizar servicios de segundo nivel y la falta de formación del personal de guardia son las verdaderas causas del desamparo que sienten las familias.
La urgencia del debate se vio acelerada por hechos de violencia reciente vinculados a crisis de salud mental y por estadísticas que indican que más del 45% de la población argentina padece algún tipo de trastorno emocional o psicológico, una demanda que el sistema actual no logra absorber.