Diputados convirtió en ley la modificación del régimen de protección de hielos con 137 votos a favor. La norma otorga mayor autonomía a las provincias para autorizar proyectos mineros en áreas periglaciales, bajo fuertes críticas de la oposición por posibles riesgos ambientales.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó esta madrugada la reforma de la Ley de Glaciares, tras una sesión de más de 11 horas marcada por intensos debates y la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El oficialismo de La Libertad Avanza, con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales, alcanzó una mayoría de 137 votos afirmativos frente a 111 negativos, logrando así una pieza legislativa clave para las provincias cordilleranas.
El núcleo de la nueva normativa modifica la Ley 26.639 de 2010. La reforma establece que la protección ambiental se limitará a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica efectiva” y comprobable.
A diferencia del régimen anterior, que otorgaba una protección total preventiva, ahora las provincias tendrán la facultad de realizar estudios técnicos para determinar qué áreas periglaciales pueden ser excluidas del inventario de protección para permitir actividades mineras e hidrocarburíferas.
Nicolás Mayoraz, diputado de La Libertad Avanza, defendió la iniciativa al sostener que la ley actual presentaba ambigüedades que frenaban inversiones por cerca de 20.000 millones de dólares.
Según el legislador, la reforma fortalece el federalismo al permitir que las jurisdicciones realicen estudios de mayor profundidad que el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) no podía costear.
En la misma línea, el diputado sanjuanino Carlos Quiroga afirmó que esta medida permitirá traer progreso mediante el trabajo privado.
Por el contrario, diversos sectores de la oposición calificaron la jornada como un retroceso en materia de preservación. La diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria, advirtió sobre la inconstitucionalidad de la norma, mientras que Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, señaló que la modificación genera una zona de baja previsibilidad jurídica.
Los críticos enfatizaron que la descentralización del control ambiental podría derivar en una competencia entre provincias para flexibilizar controles y atraer capitales.
Durante el debate se registraron momentos de alta tensión, incluyendo cruces verbales entre legisladores y cuestionamientos al patrimonio de funcionarios nacionales. No obstante, el oficialismo logró mantener la cohesión de sus aliados para asegurar el triunfo legislativo antes del amanecer.
La implementación de la ley dependerá ahora de los relevamientos técnicos que inicien las provincias mineras. Queda pendiente observar si la nueva normativa enfrentará desafíos en el Poder Judicial, dado que legisladores y organizaciones ambientales adelantaron que recurrirán a la justicia por considerar que la reforma viola los presupuestos mínimos de protección ambiental establecidos en la Constitución Nacional.
Con una madurez cívica ejemplar, los centros de estudiantes de los principales colegios preuniversitarios iniciaron una medida de fuerza indefinida para exigir que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
Marcela Pagano denunció penalmente al diputado libertario Santiago Santurio por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa. La presentación cuestiona la adjudicación de un crédito hipotecario UVA del Banco Nación por 239.000 dólares, incompatible con sus ingresos y su perfil financiero previo.
Las escrituras de compraventa en CABA se estancaron en abril con 5472 operaciones, replicando el nivel del año anterior. Sin embargo, los actos con crédito hipotecario se desplomaron casi 50%, dejando al mercado sostenido principalmente por compras al contado.
El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, inauguró la muestra ganadera Las Nacionales y llamó a radicar inversiones en la provincia. Confirmó gestiones con el Grupo Juramento, de Jorge Brito, para instalar un frigorífico y un centro de engorde.
El Gobierno nacional despidió a los cuarenta empleados del complejo turístico de Embalse tras decretar su privatización a través de la AABE. La medida, que busca reducir el gasto público, replica un proceso similar en las instalaciones de Chapadmalal.
Dirigentes de la oposición, la izquierda y los sindicatos exigieron a la Cancillería argentina intervenir ante la detención en Libia de Paula Giménez y Lucas Aguilera. Los activistas, miembros de una misión humanitaria hacia Gaza, permanecen incomunicados tras un control militar.
El abogado Abelardo de la Espriella lidera el auge de la ultraderecha en Colombia de cara a las elecciones presidenciales. Su discurso de mano dura y nacionalismo capitaliza el descontento social, desplazando al conservadurismo tradicional frente a la izquierda.
Morales Solá analiza el rechazo oficialista a la homilía de García Cuerva contra la violencia digital. Critica la agresión de los voceros de Milei hacia la Iglesia por su defensa de los pobres y advierte sobre el alineamiento geopolítico con Trump.
