Ordenan investigar el patrimonio de Manuel Adorni para esclarecer el origen de fondos utilizados en compras inmobiliarias. La medida del juez Lijo alcanza a su esposa y busca contrastar declaraciones juradas con movimientos bancarios y créditos privados.
La justicia federal dio un paso significativo en la investigación penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. El juez Ariel Lijo, a instancias del fiscal Gerardo Pollicita, dispuso este jueves el levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero del funcionario, de su esposa Bettina Angeletti y de la sociedad AS Innovación Profesional, de la cual ambos son titulares.
El Ministerio Público Fiscal solicitó esta medida con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial de la pareja desde el 1 de enero de 2022. Esta ventana temporal permitiría comparar los activos de Adorni antes de su ingreso a la administración pública en diciembre de 2023. La fiscalía busca verificar si la capacidad económica exteriorizada por el funcionario es consistente con sus ingresos trazables.
El foco de la investigación se centra en tres operaciones inmobiliarias. Entre ellas, destaca la adquisición de un departamento en Caballito por 230.000 dólares. Según la documentación incorporada, el 87% de ese valor se financió mediante una hipoteca privada otorgada por dos mujeres, sin intereses y con plazo de devolución a un año del inicio de la gestión actual.
La escribana Adriana Nechevenko se presentó de forma espontánea en Comodoro Py para aportar datos sobre estas transacciones. Nechevenko calificó el método de créditos privados como habitual y aseguró que no advirtió irregularidades.
No obstante, el fiscal Pollicita citó a declarar para finales de abril a las prestamistas Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, entre otras personas vinculadas a las operaciones.
A partir de esta resolución, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deberá informar sobre la totalidad de cuentas, plazos fijos, cajas de seguridad y tarjetas de crédito a nombre de los investigados. La orden también alcanza a billeteras virtuales y proveedores de servicios de pago para rastrear el flujo de fondos y posibles transferencias.
Paralelamente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) remitirá las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales presentadas por el matrimonio. Los investigadores analizarán los papeles de trabajo y aperturas patrimoniales para contrastarlos con los informes registrales obtenidos previamente de las inmobiliarias intervinientes.
El avance de la causa judicial dependerá ahora de los resultados que arroje el entrecruzamiento de datos bancarios con los testimonios de los acreedores. ¿Logrará la documentación respaldar la composición del patrimonio declarado o surgirán inconsistencias que obliguen a nuevas medidas procesales?
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