Con 137 votos a favor, el Gobierno consiguió la aprobación definitiva de la norma que habilita inversiones mineras en zonas periglaciares. La oposición ya advierte sobre la inconstitucionalidad de la ley y su futura judicialización.
Con 137 votos a favor, el Gobierno consiguió la aprobación definitiva de la norma que habilita inversiones mineras en zonas periglaciares. La oposición ya advierte sobre la inconstitucionalidad de la ley y su futura judicialización.
Tras una maratónica sesión de diez horas, la Cámara de Diputados sancionó este miércoles la reforma de la Ley de Glaciares. El oficialismo, apoyado por bloques aliados y legisladores que responden a gobernadores de provincias mineras, logró imponerse frente a un rechazo que vaticina una batalla legal en la Corte Suprema.
La votación arrojó 137 votos afirmativos contra 111 negativos y tres abstenciones. La presencia de Karina Milei en los palcos durante la madrugada subrayó la relevancia política de esta victoria para el Ejecutivo, en una jornada marcada por fuertes cruces con el kirchnerismo, que reclamaba en el recinto por la situación patrimonial del Jefe de Gabinete.
Los cambios clave en la protección ambiental:
Criterio de protección: Solo se resguardarán las formaciones con un “aporte hídrico relevante y verificable”.
Poder provincial: Los gobernadores tendrán un rol determinante en la elaboración del inventario de glaciares.
Inversiones: La norma busca destrabar proyectos de litio y cobre en la zona periglaciar de Catamarca, Salta, Jujuy, Mendoza y San Juan.
El proyecto fue motorizado por los mandatarios provinciales que integran la Mesa del Litio y del Cobre. Estos argumentaban que la legislación anterior era demasiado restrictiva y frenaba inversiones millonarias. El apoyo fue transversal: votaron a favor desde el PRO y la UCR hasta bloques provinciales alineados con Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).
La iniciativa incluso logró fisurar el bloque de Unión por la Patria, donde dos diputados sanjuaninos acompañaron al Gobierno. En contraste, Máximo Kirchner calificó la legislación de “cipaya y entreguista”, asegurando que el incremento de la producción minera en la última década demuestra que la protección ambiental no era un impedimento real para el sector.
Desde la oposición dialoguista, figuras como Miguel Ángel Pichetto advirtieron que la ley nace con debilidades jurídicas. Pichetto sostuvo que el argumento de la necesidad de inversiones es “falaz” y anticipó que la norma será discutida en el ámbito de la Corte Suprema por afectar presupuestos mínimos de protección ambiental establecidos en la Constitución.
Por su parte, el oficialismo celebró el resultado como un paso hacia la “Argentina exportadora”. Mientras el secretario de Minería, Luis Lucero, presenciaba el cierre del debate, los defensores del proyecto insistieron en que el 70% de las exposiciones en audiencias públicas respaldaron la reforma, negando que se esté desprotegiendo el recurso hídrico estratégico del país.
Con una madurez cívica ejemplar, los centros de estudiantes de los principales colegios preuniversitarios iniciaron una medida de fuerza indefinida para exigir que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
Marcela Pagano denunció penalmente al diputado libertario Santiago Santurio por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa. La presentación cuestiona la adjudicación de un crédito hipotecario UVA del Banco Nación por 239.000 dólares, incompatible con sus ingresos y su perfil financiero previo.
Las escrituras de compraventa en CABA se estancaron en abril con 5472 operaciones, replicando el nivel del año anterior. Sin embargo, los actos con crédito hipotecario se desplomaron casi 50%, dejando al mercado sostenido principalmente por compras al contado.
El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, inauguró la muestra ganadera Las Nacionales y llamó a radicar inversiones en la provincia. Confirmó gestiones con el Grupo Juramento, de Jorge Brito, para instalar un frigorífico y un centro de engorde.
El Gobierno nacional despidió a los cuarenta empleados del complejo turístico de Embalse tras decretar su privatización a través de la AABE. La medida, que busca reducir el gasto público, replica un proceso similar en las instalaciones de Chapadmalal.
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El abogado Abelardo de la Espriella lidera el auge de la ultraderecha en Colombia de cara a las elecciones presidenciales. Su discurso de mano dura y nacionalismo capitaliza el descontento social, desplazando al conservadurismo tradicional frente a la izquierda.
Morales Solá analiza el rechazo oficialista a la homilía de García Cuerva contra la violencia digital. Critica la agresión de los voceros de Milei hacia la Iglesia por su defensa de los pobres y advierte sobre el alineamiento geopolítico con Trump.
