Policía de la Ciudad de Buenos Aires desarticuló una banda de presos que operaban desde cárceles bonaerenses, con extorsiones sexuales vía Instagram y TikTok.
Policía de la Ciudad de Buenos Aires desarticuló una banda de presos que operaban desde cárceles bonaerenses, con extorsiones sexuales vía Instagram y TikTok.

La División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad desmanteló una red delictiva dedicada a la extorsión virtual que funcionaba dentro de las unidades penitenciarias de Sierra Chica y Merlo. La investigación, coordinada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°8 de Berazategui, determinó que los implicados utilizaban redes sociales para captar a sus víctimas.
El fiscal Ernesto Daniel Ichazo y la fiscal Bianca Grivetto establecieron que los detenidos utilizaban perfiles falsos en Instagram y TikTok. A través de estas plataformas, contactaban a mujeres, incluidas menores de edad, presentándose como reclutadores de agencias de modelos. Bajo la promesa de empleos en campañas de ropa interior, solicitaban fotografías y videos como parte de un supuesto proceso de selección y prueba de talles.
Una vez que los delincuentes obtenían el material multimedia, iniciaban el chantaje. Las víctimas eran obligadas a realizar videollamadas con contenido sexual bajo la amenaza de difundir sus imágenes privadas entre sus familiares y círculos escolares. En otros casos, los implicados exigían transferencias de dinero para no filtrar el contenido.
La maniobra incluía una segunda etapa de estafa dirigida a hombres. Los internos utilizaban las fotos obtenidas para crear perfiles falsos y atraer usuarios.
Posteriormente, los contactaban simulando ser integrantes de la fuerza policial, acusándolos de interactuar con menores de edad. Mediante esta suplantación de identidad, solicitaban pagos económicos para evitar el inicio de supuestas causas judiciales.

Los allanamientos se realizaron en las celdas de los sospechosos, donde los agentes secuestraron teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y anotaciones. El líder de la organización ya contaba con antecedentes por delitos de la misma naturaleza cometidos durante su estadía en la Unidad Penitenciaria N°1 de Lisandro Olmos.
En aquella oportunidad, la justicia determinó que el detenido contaba con la colaboración de parejas externas que facilitaban sus cuentas bancarias para recibir los pagos.
Los nuevos elementos secuestrados esta semana permitieron a los investigadores confirmar que la actividad delictiva persistía a pesar de los traslados y las condenas previas que cumplen los involucrados.
El análisis de los dispositivos electrónicos incautados continúa para determinar el número total de víctimas y la posible existencia de otros colaboradores fuera del sistema carcelario. Este caso vuelve a poner en debate la efectividad de los controles sobre el uso de telefonía móvil en las cárceles de la provincia, ¿serán suficientes las requisas periódicas para frenar delitos informáticos que no requieren contacto físico?
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