El abogado Agustín Ortiz de Marco dimitió antes de asumir formalmente sus funciones. Había sido ratificado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para auditar los balances y el manejo de fondos de la entidad madre del fútbol argentino.
El abogado Agustín Ortiz de Marco dimitió antes de asumir formalmente sus funciones. Había sido ratificado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para auditar los balances y el manejo de fondos de la entidad madre del fútbol argentino.
La estrategia del Poder Ejecutivo para supervisar las cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sufrió un traspié inesperado. Agustín Ortiz de Marco, uno de los veedores clave designados para auditar a la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia, presentó su renuncia alegando motivos personales justo cuando debía iniciar sus tareas de fiscalización.
La salida de Ortiz de Marco deja vacante un puesto estratégico en el dispositivo de control que la Inspección General de Justicia (IGJ) dispuso sobre la calle Viamonte. El letrado, especialista en derecho societario, debía trabajar junto al contador Rubén Miguel Pappacena en un análisis exhaustivo de los estados contables y contratos comerciales de la entidad.
El Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, había decidido mantener a los veedores propuestos por la gestión anterior (encabezada por Daniel Vítolo) con el fin de evitar “suspicacias” y garantizar la transparencia. La auditoría, prevista originalmente para un plazo de 180 días, tiene como objetivos principales:
Acceso a documentación: Revisión de registros administrativos y balances que han sido cuestionados por su falta de detalle.
Circuitos de fondos: Investigar el destino de los ingresos millonarios que percibe la entidad.
Contratos comerciales: Fiscalizar los convenios firmados por la conducción de la AFA bajo la lupa de la IGJ.
“La renuncia introduce una señal de fragilidad en un dispositivo diseñado como uno de los ejes de supervisión sobre el negocio del fútbol”, señalaron fuentes oficiales tras conocerse la dimisión del letrado.
La supervisión sobre la AFA no es un mero trámite administrativo; se inscribe en una tensión abierta entre el Gobierno Nacional y la cúpula del fútbol. La Casa Rosada busca acceder a información contable crítica en un momento donde abundan las denuncias por supuestas irregularidades y manejos discrecionales de recursos.
A pesar de que la veeduría no representa una intervención directa, la posibilidad de que el Estado acceda a los “libros” de Tapia genera fuerte resistencia en el Comité Ejecutivo. Con la salida de Ortiz de Marco, el Gobierno pierde a un técnico que conocía el expediente desde su origen, obligando a Mahiques a buscar un reemplazo de confianza que no dilate los plazos de la auditoría.
El ministro de Justicia deberá definir en las próximas horas si mantiene el criterio de continuidad institucional o si aprovecha la vacante para introducir un perfil más combativo en la veeduría. Mientras tanto, el contador Pappacena continúa en su cargo, aunque la estructura técnica queda incompleta para avanzar en los aspectos jurídicos de la fiscalización.
El informe final de estos veedores será determinante para definir si la IGJ avanza con sanciones o denuncias penales por la calidad de la información contable presentada por la AFA, en un conflicto que parece lejos de encontrar una tregua.
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