Tras la polémica por préstamos de hasta USD 340.000 para segundas y terceras viviendas, la entidad borró el párrafo que incluía explícitamente a “cargos políticos y electivos”.
Tras la polémica por préstamos de hasta USD 340.000 para segundas y terceras viviendas, la entidad borró el párrafo que incluía explícitamente a “cargos políticos y electivos”.
El Banco Nación (BNA) dio marcha atrás con la reglamentación que permitió a cerca de 40 altos funcionarios y políticos acceder a créditos hipotecarios con condiciones extraordinarias. A través de la circular N° 0092/2026, la actual gestión —encabezada por Darío Wasserman— eliminó el apartado de la Reglamentación 802 que habilitaba específicamente a “cargos políticos designados por resolución o electivos” a solicitar estos préstamos.
El origen: En septiembre de 2024, la gestión de Daniel Tillard agregó una “aclaratoria” para que funcionarios pudieran calificar como empleados del sector público.
Los montos: Se otorgaron créditos por un promedio de USD 250.000 (llegando a picos de USD 340.000) a las tasas más bajas del mercado.
El destino: Muchos de los beneficiarios utilizaron el dinero para adquirir segundas o terceras viviendas, incluso en barrios cerrados, tras eliminarse previamente la restricción de “única vivienda”.
La normativa original permitía que figuras de distintas extracciones políticas, desde funcionarios del Ministerio de Economía de Luis Caputo hasta legisladoras como Anabel Fernández Sagasti y Julia Strada, accedieran a financiamiento estatal. Según fuentes internas de Economía, fueron los propios beneficiarios quienes pidieron incluir el párrafo aclaratorio en 2024 para “no quedar pegados”, aunque la movida terminó generando el efecto contrario: una profunda indignación social.
El escándalo escaló debido al contraste con el resto de la población: 8 de cada 10 ciudadanos que solicitan estos créditos son rechazados, mientras que los funcionarios lograron sortear listas de espera con una celeridad inusual.
El Presidente, consultado sobre la ética de que sus propios funcionarios utilicen fondos de un banco público para viviendas de lujo, defendió la legalidad de los actos aunque con un tono de molestia.
“Nosotros hemos definido nuestros valores morales y estos no tienen nada de ilegal porque los funcionarios no mataron, no violaron la libertad de expresión y no afectaron el derecho a la propiedad”, afirmó Milei en la TV Pública.
A pesar de que el Gobierno insiste en que no hubo delito, las dudas persisten sobre la relación cuota-ingreso. Funcionarios del propio Ministerio de Economía señalaron a Clarín que las cuotas de estos préstamos pueden alcanzar los $4.000.000 mensuales.
Considerando que los sueldos formales en el Estado promedian los $10.000.000, la capacidad de los beneficiarios para mantener un estilo de vida en countries, varios vehículos y el pago del crédito es mirada con lupa por los investigadores y la opinión pública. La eliminación de la norma busca ahora “dar de nuevo” y frenar el impacto político de lo que muchos consideran un privilegio de la “casta”.
La querella solicitó capturar a Mariela Altamirano y Maicol González, acusados de asesinar a golpes al niño de cuatro años en Chubut tras meses de maltratos.
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El crudo estadounidense saltó un 8% este domingo luego de que las negociaciones en Islamabad concluyeran sin acuerdo y Donald Trump ordenara un bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz.
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