Crimen de Ángel López: pidieron la detención de la madre y el padrastro

La Justicia de Comodoro Rivadavia enfrenta una semana de definiciones tras el desgarrador infanticidio de Ángel Nicolás López, el menor de cuatro años que murió el pasado 6 de abril. Luis Armando López, padre biológico de la víctima, formalizó a través de su abogado, Roberto Castillo, un pedido de imputación y detención inmediata para la madre del niño, Mariela Beatriz Altamirano, y su pareja, Maicol González. La acusación es gravísima: homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.

El documento presentado ante la fiscalía describe un cuadro de violencia sistemática y convergente. Según la querella, la muerte de Ángel no fue un hecho aislado, sino el “desenlace previsible” de un calvario de meses. La autopsia resultó determinante para sostener esta hipótesis: el examen reveló lesiones traumáticas en la región craneal que son absolutamente incompatibles con un accidente doméstico o una muerte natural. Por el contrario, los forenses hallaron signos de violencia física de gran intensidad que habrían provocado el deceso.

Pruebas de maltrato y complicidad

El pedido de detención se apoya no solo en los resultados médicos, sino también en relatos del entorno. Vecinos de la vivienda familiar aportaron testimonios que complican severamente a la pareja. Según estas declaraciones, eran frecuentes los gritos del menor y los episodios de violencia. Incluso, se registró un incidente en el que Altamirano, en medio de una discusión, le habría recriminado a González: “¡Vos le pegás al mío!”, lo que para la querella demuestra que la madre era plenamente consciente de las agresiones que sufría su hijo.

“Nos encontramos ante un sistema que prefirió los formalismos procesales por sobre la vida de un niño que gritó por ayuda”, sostiene la denuncia presentada por la familia biológica.

Riesgo de fuga y destrucción de evidencia

La urgencia del pedido de captura radica en lo que el abogado Castillo denomina “riesgos procesales concretos”. La querella presentó evidencia de que, el mismo día de la muerte de Ángel, los acusados habrían quemado prendas de vestir y pertenencias del niño con el objetivo de eliminar rastros biológicos y signos de violencia que pudieran incriminarlos.

A esto se suma la sospecha de un plan de fuga. Se habría detectado que Altamirano gestionó, a través de un familiar, la logística para trasladarse hacia El Dorado, Misiones. Por último, la denuncia también apunta contra el juez de Familia Pablo Pérez y otros funcionarios, a quienes acusan de haber permitido que el niño permaneciera en ese entorno hostil a pesar de las alertas previas, construyendo el escenario de desprotección que terminó en tragedia.