El ministro Federico Sturzenegger defendió en el Senado el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, mientras que el arzobispo Gustavo Carrara planteó reparos sobre su impacto en la integración de barrios populares.
El ministro Federico Sturzenegger defendió en el Senado el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, mientras que el arzobispo Gustavo Carrara planteó reparos sobre su impacto en la integración de barrios populares.
En una extensa jornada de debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado, el Gobierno nacional presentó los lineamientos de su nueva iniciativa legal enfocada en la protección del derecho de propiedad. El encuentro contó con la exposición del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la participación de referentes de la sociedad civil, entre ellos el arzobispo de La Plata y titular de Cáritas, Gustavo Carrara.
La reunión evidenció las distintas visiones que coexisten sobre cómo abordar la problemática habitacional y el desarrollo económico en el país, marcando un intercambio de argumentos técnico-sociales en un clima de respeto institucional.
El ministro Sturzenegger fundamentó la necesidad del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada como una pieza central para el programa económico de la gestión actual. Bajo la premisa de que el equilibrio fiscal y la libertad económica son pilares indispensables, el funcionario sostuvo que la protección estricta de la propiedad es un requisito previo para atraer inversiones y fomentar el desarrollo.
Durante su alocución, Sturzenegger señaló que la fragilidad fiscal histórica de Argentina ha derivado en vulneraciones a este derecho fundamental. Asimismo, evaluó los resultados de la vigente Ley 27.453 de Barrios Populares, opinando que tras una década de aplicación la regularización dominial efectiva ha sido limitada, lo que a su criterio refleja la necesidad de reformar los mecanismos actuales para buscar alternativas más eficaces.
Por su parte, el arzobispo Gustavo Carrara, reconocido por su trayectoria en la pastoral de barrios vulnerables, centró su exposición en los posibles efectos colaterales de la nueva normativa. Carrara defendió la vigencia de la actual Ley de Barrios Populares —sancionada por amplio consenso en 2018—, argumentando que ha servido como una política de Estado transversal a distintos signos políticos.
Para el titular de Cáritas, el régimen vigente ofrece instrumentos concretos para abordar el déficit estructural de vivienda, destacando la entrega de más de 860.000 certificados de vivienda familiar. El arzobispo manifestó su preocupación ante la posibilidad de que se eliminen herramientas como la suspensión de desalojos durante los procesos de regularización o la declaración de utilidad pública de inmuebles registrados en el RENABAP, advirtiendo que esto podría incrementar la incertidumbre jurídica para los residentes de dichos sectores.
Ejes del debate: Mientras el oficialismo busca consolidar un marco de certezas para el capital y la inversión privada, la representación eclesiástica hace énfasis en preservar las redes de contención y los procesos de integración socio-urbana ya iniciados.
A pesar de las marcadas diferencias en los diagnósticos, el debate parlamentario se mantiene como el canal principal de interlocución entre la Iglesia y la Casa Rosada. Aunque desde el Episcopado se ha señalado en diversas ocasiones que sus observaciones en temas como la baja de la edad de imputabilidad o la reforma de la ley de glaciares no siempre encuentran eco en las decisiones finales del Ejecutivo, ambas partes mantienen la formalidad de los encuentros institucionales.
El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, presidido en esta comisión por los legisladores Agustín Coto y Nadia Márquez, se mostró abierto a recibir nuevos aportes, aunque ratificó la intención de avanzar con el dictamen para llevar el proyecto prontamente al recinto. El desafío para las próximas semanas será encontrar puntos de equilibrio entre la búsqueda de seguridad jurídica impulsada por Sturzenegger y la protección de los derechos de acceso a la vivienda planteados por la Iglesia.
El Ministerio del Interior aplicó la medida contra individuos de origen extranjero y sus familias tras acusarlos de glorificar actos hostiles. La decisión se fundamenta en la Ley de Nacionalidad por falta de lealtad al Reino.
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Productores entrerrianos certificaron 255 toneladas para mercados europeos durante 2025. El volumen representó casi la mitad del total nacional, consolidando a los humedales del Delta como un polo productivo de alto valor agregado sin químicos sintéticos.
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