Ante la Cámara de Casación, el expresidente Alberto Fernández alegó una persecución política y vulneración de su derecho a defensa. Cuestionó la imparcialidad de los magistrados y defendió el rol de su histórica secretaria privada en el caso.
Ante la Cámara de Casación, el expresidente Alberto Fernández alegó una persecución política y vulneración de su derecho a defensa. Cuestionó la imparcialidad de los magistrados y defendió el rol de su histórica secretaria privada en el caso.
Alberto Fernández se presentó personalmente este lunes ante los tribunales de Comodoro Py para solicitar a la Sala IV de la Cámara de Casación Penal la nulidad de su procesamiento. El exjefe de Estado está imputado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta.
Durante la audiencia oral, afirmó que el proceso judicial responde a una animadversión hacia su identidad política y aseguró que no le permitieron defenderse de los cargos específicos que sustentan su procesamiento.
Acompañado por su abogada, Mariana Barbitta, Fernández dirigió sus críticas hacia el juez Sebastián Casanello y el magistrado Julián Ercolini, a quien calificó como su “enemigo público”.
El exmandatario sostuvo que su procesamiento se basó en hechos sobre los cuales no fue indagado originalmente. Según su testimonio, la justicia lo interrogó por la firma del Decreto 823/2021, pero luego fundó la acusación en las gestiones que habría realizado su secretaria, María Cantero, para direccionar contratos hacia el broker Héctor Martínez Sosa.
Barbitta reforzó esta postura al señalar que se vulneró el principio acusatorio. La defensa destacó que, en la instancia anterior ante la Cámara Federal, el fiscal José Luis Agüero Iturbe había solicitado la falta de mérito por considerar que no existían pruebas con el grado de certeza necesario.
No obstante, los jueces decidieron avanzar con el procesamiento, una decisión que la defensa tildó de arbitraria e imparcial ante el máximo tribunal penal del país.
La investigación judicial sostiene que, mediante el decreto firmado por Fernández, se centralizó la contratación de seguros estatales en Nación Seguros, permitiendo la intervención discrecional de intermediarios.
La justicia detectó que tres grupos de productores percibieron comisiones millonarias. El grupo liderado por Héctor Martínez Sosa, esposo de Cantero, obtuvo el 59,6% del total de las comisiones liquidadas, cifra que asciende a 2.297.820.134 pesos.
Raúl Omar Pleé, fiscal general ante la Casación, rechazó los planteos de la defensa y solicitó mantener firme el procesamiento y el embargo de 14.634 millones de pesos. Pleé argumentó que existen indicios “unívocos y concordantes” que demuestran que el imputado se involucró en un esquema de recaudación de fondos públicos para beneficiar a particulares. Para la fiscalía, el recurso de Fernández es inadmisible porque solo refleja una disconformidad con el análisis de las instancias previas.
La resolución final queda ahora en manos de los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. El tribunal deberá determinar si el pedido de falta de mérito del fiscal de cámara debía ser vinculante o si los indicios de direccionamiento delictivo recolectados hasta el momento justifican el avance hacia un juicio oral.
Mientras tanto, el expresidente mantiene la prohibición de salir del país, a la espera de una definición que marcará el rumbo de su situación procesal.
El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad se negó a ampliar su indagatoria por el fraude millonario en el sistema de compras del organismo. Su defensa espera la realización de una pericia sobre los audios que dispararon el escándalo. Garbellini también se negó a declarar.
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