El Gobierno de Pedro Sánchez dio luz verde a un decreto que permitirá legalizar la situación de hasta 850.000 extranjeros. La medida, que no requiere el paso por el Congreso, exige una permanencia mínima de cinco meses y ha generado una fuerte contraofensiva de la oposición por el posible “efecto llamada” en plena crisis migratoria …
El Consejo de Ministros de España aprobó este martes una de las medidas más ambiciosas y polémicas de la actual legislatura: una regularización extraordinaria de inmigrantes que residan en el país sin la documentación necesaria. El plan apunta a incorporar al sistema formal a cerca de medio millón de personas de forma efectiva, incluyendo a unos 40.000 argentinos que actualmente se encuentran en situación irregular. La iniciativa cuenta con el respaldo de cámaras empresariales que demandan mano de obra y el aval de la Iglesia, aunque enfrenta una resistencia judicial y política sin precedentes por parte de los sectores conservadores.
Requisitos clave: Los beneficiarios deben haber ingresado a España antes del 1 de enero de 2026, acreditar vínculos laborales, familiares o vulnerabilidad, y presentar antecedentes penales limpios de los últimos cinco años.
Plazos y burocracia: Los extranjeros tendrán un mes para presentar su documentación; ante demoras consulares, el Gobierno español podrá intervenir por vía diplomática para agilizar los trámites.
Impacto en el sistema: Se espera una avalancha de solicitudes que ya colapsó dependencias públicas, como las oficinas de transporte en Madrid, que ya no cuentan con turnos disponibles hasta el mes de julio.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, defendieron la medida argumentando una “triple legitimidad”: social, política y económica. El Gobierno sostiene que la regularización no solo es un acto de justicia humanitaria, sino una necesidad imperante para sectores como la construcción y los servicios, que sufren una escasez crítica de trabajadores. Sin embargo, para endurecer el control, el Consejo de Estado impuso una revisión estricta de los antecedentes penales, obligando a los solicitantes a demostrar una conducta intachable tanto en España como en sus países de origen.
La magnitud del decreto es tal que las autoridades estiman recibir unas 750.000 solicitudes iniciales. Aunque se prevé que un 30% sean rechazadas por inconsistencias en la documentación o incumplimiento de plazos, el número final de nuevos residentes legales transformará la demografía laboral de las principales ciudades españolas. Para evitar el colapso administrativo, La Moncloa dispuso un refuerzo de personal de emergencia, aunque la logística para procesar tal volumen de expedientes en pocas semanas representa un desafío técnico monumental para el Estado.
La oposición, encabezada por el Partido Popular (PP) y Vox, ha reaccionado con dureza, calificando la medida de “barbaridad” e “irresponsabilidad” en el marco de las tensiones bélicas en Medio Oriente. El PP ya anunció que recurrirá a los tribunales para intentar congelar el decreto y llevará el caso ante el Parlamento Europeo, argumentando que una regularización de esta escala rompe con la política migratoria común de la Unión Europea y fomenta la llegada masiva de inmigrantes ilegales a través de rutas peligrosas.
Más allá de la batalla judicial, el conflicto ha provocado un quiebre inusual entre el PP y la Conferencia Episcopal Española, que se posicionó a favor de la regularización por motivos compasivos. Mientras la ultraderecha presiona por un cierre total de fronteras, el centroderecha busca un equilibrio complejo entre el orden legal y la demanda empresarial de trabajadores. En este escenario de polarización, el éxito de la medida dependerá de la capacidad del sistema administrativo para absorber la demanda sin profundizar las grietas políticas que hoy dividen a la sociedad española.
Representantes de ambos gobiernos mantuvieron en Estados Unidos su primer encuentro de alto nivel desde 1993. Tras dos horas de diálogo, las delegaciones pactaron una agenda para buscar un alto el fuego y estabilidad regional.
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