Quince rectores de instituciones privadas apoyaron el proyecto de la Corte Suprema para modificar los concursos en el Poder Judicial. La iniciativa busca reducir la discrecionalidad política mediante exámenes objetivos y bancos de preguntas para cubrir vacantes.
Autoridades de 15 universidades privadas firmaron un comunicado conjunto para expresar su aval al proyecto de reglamento de concursos impulsado por los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El documento subrayó la necesidad de priorizar la excelencia académica y la formación profesional como requisitos centrales para acceder a la magistratura.
A través del pronunciamiento, los rectores señalaron que la calidad del sistema judicial depende de la solvencia de sus integrantes. Por tal motivo, solicitaron reglas claras y evaluaciones objetivas que garanticen procedimientos previsibles. Los firmantes instaron a las autoridades competentes a dar un tratamiento inmediato a la propuesta, con el fin de consolidar un sistema eficaz que evite soluciones parciales.
La iniciativa, plasmada en la Acordada 4/2026 el pasado 25 de marzo, introdujo cambios sustanciales en la dinámica de selección. El texto propuso la implementación de concursos anticipados para cubrir cargos antes de que se produzcan las vacantes efectivas. Asimismo, estableció un sistema de evaluación basado en un banco de preguntas de opción múltiple.
Este mecanismo técnico pretende limitar la influencia discrecional de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Históricamente, las entrevistas personales permitieron que los candidatos fluctuaran en el orden de mérito por criterios subjetivos. La propuesta busca que los resultados de los exámenes escritos tengan una preponderancia determinante sobre las valoraciones políticas.
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se abstuvo de suscribir la acordada. La decisión respondió a su doble rol como titular del Consejo de la Magistratura, ámbito donde se desarrollará el debate final sobre la implementación de estos cambios. A pesar de esta distinción administrativa, la medida cosechó adhesiones en sectores profesionales y educativos.
Entre los suscriptores figuraron los rectores de la Universidad de Belgrano, la Universidad del Salvador y la Universidad Católica de Córdoba, entre otras instituciones de diversas regiones del país. Los académicos coincidieron en que fortalecer la transparencia en los concursos refuerza la confianza pública y cumple con los mandatos constitucionales de idoneidad.
El proyecto de reglamento ingresó ahora en una etapa de discusión técnica y política dentro del Consejo de la Magistratura. Allí, los representantes de distintos sectores deberán definir si adoptan el modelo de examen estandarizado o mantienen las facultades actuales de evaluación.
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