El juicio por el asesinato de Olga Villarreal en Córdoba entra en su fase final. Su sobrina, María Alejandra Tabares, es la única acusada de matarla para ocultar un robo. De ser hallada culpable, enfrentaría una condena a prisión perpetua.
El juicio por el asesinato de Olga Villarreal en Córdoba entra en su fase final. Su sobrina, María Alejandra Tabares, es la única acusada de matarla para ocultar un robo. De ser hallada culpable, enfrentaría una condena a prisión perpetua.

El Poder Judicial cordobés se apresta a dictar veredicto en la causa que investiga el violento deceso de Olga Villarreal. La mujer, de 72 años, perdió la vida en el invierno de 2024 dentro de su domicilio particular. El banquillo de los acusados lo ocupa su sobrina, María Alejandra Tabares, quien enfrenta cargos gravísimos tras haber sido señalada como la autora de una agresión fatal motivada, presuntamente, por fines económicos.
Las actuaciones judiciales sitúan el episodio en una propiedad ubicada sobre la calle Villa María. La hipótesis fiscal sostiene que la imputada, que habitaba una vivienda contigua, irrumpió en el hogar de la damnificada con el objetivo de apoderarse de ahorros en efectivo. Según el planteamiento de los instructores, al ser descubierta, Tabares habría arremetido contra su familiar con extrema saña para evitar ser denunciada, provocándole traumatismos craneales irreversibles que terminaron con su existencia.
Durante el debate oral desarrollado en la Cámara Octava del Crimen, se ventilaron testimonios desgarradores, entre ellos el de la hija de Villarreal, quien fue la primera en toparse con el cuerpo sin vida de su progenitora. El cuadro probatorio presentado por el Ministerio Público Fiscal incluye filmaciones de vigilancia, peritajes sobre manchas hemáticas y el entrecruzamiento de datos de telefonía celular que ubican a la procesada en el epicentro del conflicto.
La situación legal de Tabares, de 58 años, es delicada debido a que el encuadre jurídico de la causa es “homicidio criminis causae”. Esta figura legal se aplica cuando se mata para ocultar otro delito, y conlleva de manera única la sanción de reclusión perpetua. Mientras la defensa intenta desvirtuar los indicios por falta de testigos directos, el tribunal ciudadano —compuesto por jurados populares— deberá deliberar en las próximas horas para determinar la culpabilidad o inocencia de la única sospechosa.
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