La CGT no podrá denunciar formalmente la reforma laboral ante la OIT este año por demoras burocráticas del organismo. Sin embargo, Gerardo Martínez fue nombrado vicepresidente de la conferencia en Ginebra, donde el sindicalismo realizará actos de protesta paralelos.
A pesar de la ofensiva gremial contra las transformaciones legislativas en materia de empleo, la Confederación General del Trabajo (CGT) se enfrenta a una limitación técnica que impedirá una denuncia formal inmediata en el foro internacional más relevante del sector. Según explicó Gerardo Martínez, responsable de Relaciones Internacionales de la central, los protocolos de la Organización Internacional del Trabajo no permiten el tratamiento de expedientes recientes en su asamblea anual. Debido a que el organismo requiere procesos de análisis que suelen extenderse entre doce y veinticuatro meses, las objeciones contra la actual normativa argentina recién podrían ser evaluadas en los periodos 2027 o 2028.
Para sortear este vacío administrativo, el sindicalismo optará por una vía alternativa: la realización de un evento de protesta paralelo en la sede de Ginebra durante la primera quincena de junio. Este acto, que contará con la participación del triunvirato cegetista y referentes de las dos vertientes de la CTA, busca otorgar relevancia mediática global al descontento social, aunque carezca de efectos vinculantes dentro de las comisiones oficiales. La estrategia apunta a visibilizar las presuntas vulneraciones a convenios de libertad sindical que, si bien ya han sido notificadas, permanecen bajo estudio en las oficinas de los comités técnicos.
En medio de esta encrucijada reglamentaria, la figura del líder de la UOCRA ha cobrado un renovado protagonismo institucional fuera de las fronteras nacionales. Martínez ha sido designado vicepresidente de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, una distinción otorgada por el voto de representantes obreros de casi doscientos países. Desde la cúpula sindical argentina, se interpreta este nombramiento no solo como un logro personal, sino como un espaldarazo político a la resistencia que la central obrera ha mantenido frente a las políticas socioeconómicas del gobierno nacional.
Este nuevo cargo refuerza la presencia histórica del dirigente en el Consejo de Administración de la OIT, espacio que integra desde hace más de dos décadas. En sus intervenciones previas, Martínez ha sido muy crítico respecto a la falta de consenso social y al deterioro de la educación y la salud pública, exigiendo la eliminación de restricciones a las negociaciones colectivas. Ahora, desde su rol jerárquico, buscará influir en los debates centrales de este año, que estarán enfocados en la regulación del empleo en plataformas digitales, la paridad de género y la protección de los ingresos en contextos de alta inflación.
Mientras la delegación argentina intenta instalar su problemática doméstica, la asamblea oficial de la OIT centrará sus esfuerzos en tres pilares que definirán el futuro del empleo a nivel mundial. El primero busca establecer, por primera vez, una norma internacional que regule el trabajo en aplicaciones digitales, intentando brindar un marco de protección a un sector históricamente desregulado. Asimismo, se discutirá la profundización de políticas de cuidado y la eliminación de la brecha salarial, pilares fundamentales para avanzar hacia una igualdad laboral efectiva entre géneros.
Finalmente, el organismo pondrá el foco en el fortalecimiento del diálogo social como herramienta de gobernanza democrática. Este debate se produce en un momento de creciente polarización en diversos países, donde las mesas de concertación entre estados, empleadores y trabajadores enfrentan desafíos de legitimidad. Para la CGT, este punto resulta neurálgico, dado que sostienen que el actual modelo económico ignora las instancias de negociación tripartita, volcando el peso del ajuste exclusivamente sobre los sectores asalariados y la clase media.
La CGT evalúa implementar paros rotativos por sectores para mantener el conflicto contra la reforma laboral de Milei, tras sus denuncias ante la OIT. En paralelo, Camioneros aplica un quite de colaboración en grandes embotelladoras, afectando la distribución de bebidas.
El ajuste estatal redujo en un 20% la planta de empleados de las empresas públicas en dos años, estabilizándola en 72.000 trabajadores mediante retiros voluntarios. Esta drástica reducción impulsó un superávit financiero consolidado de $183.000 millones en el inicio del año.
A dos años de la desaparición de Loan, su familia afronta el juicio oral en total soledad en Corrientes. El pueblo de 9 de Julio se distanció de los reclamos debido a la desconfianza por el uso de las donaciones millonarias.
Un B-52 Stratofortress se estrelló en la base aérea Edwards tras despegar a las 11:20 a. m., provocando la muerte de sus ocho tripulantes. Las autoridades militares cerraron el aeródromo del desierto de Mojave para investigar las causas de la tragedia.
La fiscalía chilena inició una investigación penal por presunto tráfico de niños haitianos ingresados durante el año pasado. Las sospechas surgieron tras detectarse que los acompañantes, quienes realizaron múltiples viajes aduciendo reencuentros familiares, nunca acreditaron vínculos reales ante migraciones.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ratificó que se postulará a la reelección este año con la intención de ganar, pese a las críticas por su gestión bélica y el rechazo opositor al reciente acuerdo de paz entre Washington y Teherán.
Una oleada de bombardeos rusos causó 11 muertos en Ucrania y un incendio en la milenaria catedral de la Dormición de Kiev, patrimonio de la Unesco. El ataque generó repudio internacional, mientras Moscú atribuyó el siniestro a la defensa antiaérea local.
El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó un año su misión en Afganistán, superando las reticencias de Estados Unidos. La delegación continuará canalizando la asistencia humanitaria y monitoreando las graves restricciones que el régimen talibán impone contra las mujeres.
