Reunidos en la capital mexicana, líderes de cinco metrópolis firmaron una alianza regional para garantizar acceso a salud, educación y empleo a migrantes, además de frenar los discursos de xenofobia en el continente.
Reunidos en la capital mexicana, líderes de cinco metrópolis firmaron una alianza regional para garantizar acceso a salud, educación y empleo a migrantes, además de frenar los discursos de xenofobia en el continente.
En el Antiguo Colegio de San Ildefonso, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó el encuentro de la Coalición de Alcaldes de las Américas sobre Migración.
La cita reunió a los líderes locales de Bogotá, Montevideo, Santiago de Chile y Saint Louis, con el cofinanciamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), para coordinar políticas públicas que atiendan el fenómeno migratorio.
Durante la sesión inaugural, Brugada Molina propuso crear un Observatorio Internacional de la Movilidad Humana y planteó un pasaporte urbano de derechos para garantizar acceso a la salud, la educación y el empleo.
Al diferenciar las responsabilidades locales de las estatales, la mandataria afirmó: “Los Gobiernos federales son los que toman las decisiones sobre política migratoria, pero las ciudades somos las que vivimos, acompañamos, sufrimos y decidimos de qué manera la migración puede o no afectar a la población”.
Asimismo, la jefa de Gobierno condenó las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tras el deceso de 17 connacionales en operativos migratorios. “Frente a los muros, seamos puente. Elevemos un mensaje que cruce fronteras: ningún ser humano es ilegal; migrar no es un delito”, enfatizó.
La funcionaria reportó que en el primer semestre de este año la capital atendió a más de 5.600 personas extranjeras y anunció la creación de un centro multiservicios de atención integral.
Desde la representación internacional, los mandatarios abogaron por modificar la percepción del movimiento migratorio. El intendente de Montevideo, Mario Bergara, remarcó la urgencia de contrarrestar las posturas de exclusión: “Hoy la palabra migración se asocia más a la amenaza. Tenemos que volver a colocar la movilidad humana como un proceso que parte de la búsqueda del bienestar y la felicidad”, sostuvo.
En concordancia, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, subrayó que la capital colombiana acogió a cerca de un millón de personas procedentes de Venezuela. “Una población migrante bien integrada significa un sinfín de oportunidades para la actividad económica y para la atracción de talento. Bogotá ha entendido la migración como una oportunidad para su futuro”, expressed.
Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana de Santiago, Claudio Orrego, expuso la problemática de la seguridad y la lentitud institucional en Chile, donde existen 250.000 personas a la espera de regularización. “Les exigimos que estén regularizados y luego les ponemos trabas burocráticas”, cuestionó Orrego, al tiempo que prometió destinar recursos para eliminar dicha lista de espera.
El análisis técnico evidenció además las barreras económicas que enfrentan los extranjeros. Hannah Toppler, directora ejecutiva de la plataforma de empleo Intrare, expuso que una visa de regularización en México cuesta 14.000 pesos, mientras que el salario mínimo mensual se ubica en 9.000 pesos.
El encuentro reflejó la voluntad de las autoridades locales por estructurar redes de protección urbana frente al endurecimiento de las normas nacionales. ¿Podrán los gobiernos municipales consolidar estas garantías sociales e integrar eficazmente a las comunidades migrantes sin el respaldo presupuestario y normativo de sus administraciones centrales?
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