El PAMI detectó desvíos por 100 millones de pesos mediante 4.000 órdenes médicas falsas a nombre de veteranos de guerra inexistentes. Las auditorías revelaron prestaciones imposibles y médicos que fingían atender en ciudades distintas simultáneamente, impulsando controles más estrictos.
La intervención estatal en el PAMI ha sacado a la luz una red de maniobras fraudulentas que comprometen el erario público y la transparencia institucional. Recientes auditorías revelaron un desvío superior a los 100 millones de pesos mediante la validación de miles de órdenes médicas apócrifas. El hallazgo más impactante se centra en el “módulo de Veteranos de Guerra”, donde se detectaron más de 4.400 autorizaciones emitidas a favor de beneficiarios que no ostentan dicha condición. Por este hecho, la Justicia y las autoridades administrativas mantienen bajo sospecha a unos 400 médicos de cabecera, quienes representan una fracción significativa de la cartilla oficial.
Las irregularidades no terminan en la suplantación de identidad de los excombatientes. Los peritos informáticos y auditores de campo descubrieron registros de atención que desafían las leyes de la física: profesionales que declaran haber asistido a pacientes en consultorios separados por 240 kilómetros de distancia con apenas una hora de diferencia. Ante estos escenarios de “ubicuidad imposible”, la administración ha impulsado un nuevo nomenclador unificado, bajo la Resolución 1107/2026, buscando centralizar los datos y facilitar la fiscalización en tiempo real de cada prestación facturada.
La lupa de los investigadores policiales y administrativos se ha extendido también a especialidades críticas como la gastroenterología y la cardiología. En un caso que los auditores califican de paradigmático, un centro de salud con infraestructura limitada —apenas dos salas de cirugía— reportó la ejecución de casi 300 procedimientos en menos de cinco horas. Estas cifras resultan incompatibles con cualquier estándar médico razonable, sugiriendo una sobrefacturación sistemática de prácticas que nunca se realizaron o que fueron multiplicadas artificialmente en los papeles.
Esteban Leguízamo, director del instituto, ratificó que la prioridad actual es la depuración del padrón de prestadores y la regularización de las cuentas tras años de controles laxos. La nueva normativa vigente desde abril elimina códigos de facturación individual que daban lugar a “recetas truchas” o consultas fantasma, integrándolos en un pago fijo por paciente. Mientras avanzan los sumarios internos y las denuncias penales por fraude millonario, el organismo intenta garantizar que los recursos, provenientes de los impuestos ciudadanos, lleguen efectivamente a los más de cinco millones de afiliados en todo el país.
La implementación del sistema de control estricto no ha estado exenta de conflictos. La unificación del modelo de médicos de cabecera introdujo un cambio en la lógica de cobro: se incrementó el valor fijo por afiliado pero se restringieron drásticamente los pagos variables por prácticas adicionales. Esta medida busca desincentivar la generación innecesaria de órdenes médicas, una de las vías principales por donde se filtraban los desvíos millonarios investigados.
A pesar de las quejas de ciertos sectores médicos por la eliminación de incentivos de posgrado y la mayor rigurosidad en los registros de asistencia, las autoridades aseguran que es la única vía para dar previsibilidad a una institución que arrastraba deudas y desorden operativo. La gestión actual sostiene que auditar no es solo una opción administrativa, sino una responsabilidad penal para evitar que las maniobras de defraudación sigan drenando los fondos destinados a la salud de la tercera edad.
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