Ola de amenazas escolares: 600 denuncias en 48 horas

La muerte de un alumno de 13 años en Santa Fe detonó un efecto contagio con 600 denuncias en San Isidro y múltiples detenciones en el país. El sistema judicial y las escuelas operan al límite ante la crisis de salud mental juvenil.

Familias mantienen la asistencia a criterio ante la falta de seguridad. Foto: NA.

La Justicia de San Isidro registró una cifra inédita de 600 denuncias por amenazas de ataques escolares en un lapso de 48 horas. El fenómeno, que se extendió por distritos como La Matanza, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, instaló el lema “Mañana tiroteo” en redes sociales y graffitis de establecimientos educativos. El fiscal Andrés Zárate, titular de la Fiscalía Penal Juvenil, encabeza las investigaciones que ya derivaron en la aprehensión de menores de edad.

Saturación del sistema preventivo

La magnitud de la crisis afecta la operatividad policial en la zona norte del Gran Buenos Aires. Con 60 comisarías para cubrir una jurisdicción que abarca desde Vicente López hasta Tigre, cada dependencia tiene bajo su responsabilidad entre ocho y diez colegios.

Fuentes judiciales confirmaron que en ciertos establecimientos se recibieron hasta 12 denuncias simultáneas realizadas por diferentes alumnos ante la aparición de mensajes intimidatorios en plataformas como Instagram y WhatsApp.

En Villa Adelina, la Policía Bonaerense aprehendió a un estudiante de la Escuela Técnica N° 1 tras identificarlo como autor de una amenaza en redes sociales. Un operativo similar ocurrió en La Matanza, donde la DDI allanó la vivienda de un exalumno del colegio Domingo Savio de Aldo Bonzi. El joven, que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico, había enviado fotos de armas de fuego a sus antiguos compañeros.

Delito de intimidación pública

A diferencia de las amenazas de bomba registradas hace una década, vinculadas habitualmente a periodos de exámenes, las autoridades advierten que los mensajes actuales configuran el delito de intimidación pública.

El fallecido fiscal federal, Federico Delgado, ya había identificado patrones de conducta similares, pero el escenario actual muestra una mayor gravedad por la viralización digital y la vulnerabilidad psicológica de los implicados.

En Córdoba existen ocho imputados, mientras que en Santa Fe y Mendoza se registraron detenciones de adolescentes de entre 15 y 16 años. En la Ciudad de Buenos Aires, instituciones como el colegio “Ingeniero Luis Huergo” de Caballito cuentan con custodia policial preventiva, mientras que el Carlos Pellegrini emitió comunicados de rechazo ante las intimidaciones.

Escuelas en “modo bombero”

El malestar estudiantil coincide con la publicación de un informe del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y Fundar, que describe a las escuelas de barrios populares como instituciones “desbordadas”.

El documento señala que el 52% de los jóvenes encuestados en el AMBA reportó sufrir ansiedad y el 37% depresión. La pérdida del sentido de movilidad social y la ruptura de los vínculos familiares han transformado a los docentes en agentes de contención de crisis de salud mental y hambre, restando capacidad al proceso de enseñanza formal.

Ante la falta de una red de contención sólida, organizaciones estudiantiles como el centro de estudiantes del Nacional de Buenos Aires reclamaron la implementación urgente de un plan integral de salud mental y mayor presupuesto para abordar la violencia y los discursos de odio en el ámbito educativo.

¿Qué medidas de fondo podrán devolver la previsibilidad a las aulas argentinas ante una fragmentación social que parece profundizarse?

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