La fiscalía chilena inició una investigación penal por presunto tráfico de niños haitianos ingresados durante el año pasado. Las sospechas surgieron tras detectarse que los acompañantes, quienes realizaron múltiples viajes aduciendo reencuentros familiares, nunca acreditaron vínculos reales ante migraciones.
Los tribunales del país transandino iniciaron las averiguaciones correspondientes sobre una supuesta red de trata de personas de la que habrían sido víctimas numerosos infantes procedentes de Haití durante el transcurso del período anual anterior. La intervención de los ministerios públicos nacionales responde a las alarmantes irregularidades detectadas en las planillas aduaneras, donde constan entradas de infantes acompañados por personas mayores de edad cuyo vínculo de parentesco real nunca llegó a ser certificado de forma fehaciente por los organismos migratorios en los puntos fronterizos. El escándalo institucional escaló tras los informes de control interno que alertaron sobre un grupo reducido de ciudadanos que realizaron múltiples viajes transfronterizos custodiando a distintos grupos de niños bajo un esquema que simulaba reagrupaciones del núcleo familiar en la capital santiaguina.
La recolección de los primeros testimonios y la auditoría de los expedientes de control fronterizo quedaron bajo la tutela de las agencias especializadas del ministerio fiscal nacional de la República, cuyo liderazgo técnico catalogó la situación como un escenario de extrema gravedad delictiva que exige una pormenorizada reconstrucción de cada caso. De confirmarse la hipótesis criminal, los encargados del ingreso de los menores habrían eludido los protocolos internacionales de protección de los derechos de la infancia al sortear las supervisiones formales que obligatoriamente deben realizarse durante los traslados internacionales en aeropuertos y pasos terrestres. Las diligencias que se despliegan buscarán individualizar el paradero actual de los jóvenes ingresados de esta forma espuria, con el objetivo primordial de resguardar su integridad y delimitar las responsabilidades de las bandas dedicadas al cruce ilegal de personas en el Cono Sur.
Tras el fracaso de las negociaciones en Washington, Ottawa aplicará gravámenes de hasta el 50% a más de 700 productos estadounidenses desde el 8 de septiembre para resguardar la producción nacional.
A cuatro años del doble crimen de Vicente López, Martín del Río contactó por correo electrónico a su exesposa desde la cárcel de San Martín, lo que motivó a la Justicia de San Isidro a dictarle una prohibición de comunicación por violencia psicológica.
Representantes del sector agropecuario expusieron en la Cámara de Diputados de la Nación para respaldar un proyecto de ley que tipifica la intrusión y aumenta las penas por daños a la infraestructura productiva.
Luego de finalizar la representación con su padre Alejandro Stoessel tras 15 años, una auditoría encargada por Martina Stoessel reveló que la cantante no figura como socia en las empresas que administran sus ingresos millonarios, desencadenando negociaciones para recuperar el control patrimonial.
Cristian Auguadra compareció ante la Comisión Bicameral del Congreso. Descartó amenazas terroristas, negó detenciones bajo el DNU 941/2025 y explicó la logística para la visita del papa León XIV en noviembre.
Cerca de 1,2 millones de refugiados rohingya enfrentan recortes en la ayuda humanitaria y el recrudecimiento del conflicto armadamente violento en Myanmar, mientras Bangladesh mantiene la asistencia en campamentos superpoblados.
Un juez bonaerense ordenó el arresto de 15 agentes penitenciarios, entre ellos la jefa del penal de mujeres de Magdalena, por torturas y abusos sexuales contra al menos cuatro internas en junio. La Justicia describe un esquema sistemático de vejaciones.
Ante los reiterados cuestionamientos de Sabrina Rojas sobre su vida sentimental, Griselda Siciliani respondió durante un móvil de Intrusos, se declaró agotada del conflicto y marcó una clara diferencia entre la vida privada y la intimidad.
