El Ministerio de Seguridad y el de Educación de la provincia intervienen ante la circulación de mensajes intimidatorios. Advierten que las falsas amenazas en redes sociales son delitos penalmente sancionables.
El Ministerio de Seguridad y el de Educación de la provincia intervienen ante la circulación de mensajes intimidatorios. Advierten que las falsas amenazas en redes sociales son delitos penalmente sancionables.
La comunidad educativa de la provincia de Jujuy atraviesa horas de incertidumbre debido a la circulación de una serie de mensajes intimidatorios. Las advertencias, que mencionan presuntos tiroteos y la presencia de artefactos explosivos en diversas instituciones, han obligado a una respuesta coordinada entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Educación.
Ante la gravedad de los hechos, las autoridades informaron que “se activaron de manera inmediata los protocolos vigentes, priorizando la prevención y el resguardo de la comunidad educativa”.
La respuesta oficial no se hizo esperar. La Policía de Jujuy, bajo la supervisión del secretario de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola, se encuentra trabajando en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Según indicó el funcionario, el objetivo es garantizar la integridad física de alumnos y docentes mientras se desarticulan las versiones que circulan, principalmente, a través de plataformas digitales.
Gil Urquiola señaló que “se actúa de forma preventiva y en colaboración con el Ministerio Público de la Acusación, que ya dispuso medidas investigativas y preventivas”. Como parte de estas acciones, se han llevado adelante operativos de rastrillaje y seguridad en distintos establecimientos, los cuales han incluido evacuaciones preventivas en los casos donde el protocolo así lo exigía. Afortunadamente, los resultados han sido negativos en términos de peligrosidad real, “sin que hasta el momento se hayan encontrado elementos vinculados a situaciones de riesgo”.
Más allá de la respuesta operativa, el Gobierno de Jujuy ha enviado un mensaje contundente a quienes originan o replican este tipo de contenido.
La ley es clara respecto a la intimidación pública, y las autoridades han recordado que el despliegue de fuerzas de seguridad y especialistas en explosivos conlleva un costo altísimo para el Estado.
Desde la cartera de Seguridad se remarcó que “toda amenaza, intimidación o incitación al desorden público constituye un delito y será sancionada conforme a la normativa vigente”. Este punto es crucial, ya que se ha detectado que muchos de estos mensajes son difundidos bajo la apariencia de bromas entre jóvenes en redes sociales.
Al respecto, el comunicado oficial advierte que “las falsas amenazas —incluidas aquellas difundidas como bromas en redes sociales— también son penalmente sancionables”, debido a que “estas situaciones implican un importante despliegue de recursos humanos y materiales del Estado”.
La investigación continúa abierta para identificar los puntos de origen de estas alertas, mientras se insta a los padres y alumnos a mantener la calma y recurrir únicamente a canales oficiales de información.
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