El plenario de comisiones dictaminó el proyecto sobre tenencia de armas de fuego y prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 el programa de entrega voluntaria. La iniciativa ahora quedó lista para llegar al recinto del Senado.
El plenario de comisiones dictaminó el proyecto sobre tenencia de armas de fuego y prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 el programa de entrega voluntaria. La iniciativa ahora quedó lista para llegar al recinto del Senado.

El plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales del Senado dio dictamen al proyecto de ley sobre regularización de armas de fuego, que llegó en revisión desde la Cámara de Diputados. También avaló la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2027.
La reunión se realizó este martes por la tarde en el salón Arturo Illia, con la presidencia de la senadora Carolina Losada, de la Unión Cívica Radical, y del senador Gonzalo Guzmán Coraita, de La Libertad Avanza. Para ampliar los detalles de la iniciativa estuvo presente el director ejecutivo del Registro Nacional de Armas, Juan Pablo Allan.
El texto impulsa un procedimiento simplificado para regularizar la tenencia mediante una declaración virtual. Además, establece que quienes renueven su Credencial de Legítimo Usuario (CLU) dentro de los 90 días previos al vencimiento no deberán volver a acreditar idoneidad ante la ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados).
La iniciativa también fija un plazo de 360 días para que quienes tengan armas no autorizadas puedan regularizar su situación o entregarlas. El plan de entrega voluntaria permite la entrega anónima para su destrucción y prevé un incentivo económico mediante un cupón canjeable por efectivo.
Juan Pablo Allan sostuvo que el debate en Diputados introdujo seis modificaciones al proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo y afirmó que esos cambios mejoraron técnicamente el texto. También señaló que el esquema busca digitalizar trámites, eliminar barreras burocráticas y acelerar los plazos de gestión.
El funcionario agregó que al inicio de la actual gestión había muchos registros vencidos y defendió el reempadronamiento como una herramienta para saber quién tiene armas, dónde están y cómo circulan. Según dijo, el sistema ya funciona en casi todas las provincias.
Patricia Bullrich respaldó la iniciativa y puso el foco en la trazabilidad del armamento. Sostuvo que un arma registrada permite identificar características y seguir su recorrido en caso de robo o uso delictivo, mientras que un arma fuera del sistema representa un riesgo para la sociedad.
La senadora también vinculó el debate con el contexto de amenazas en ámbitos escolares y reclamó mayor adhesión provincial al esquema federal. Desde el oficialismo remarcaron que la regularización no modifica el régimen de portación, que sigue restringido a fuerzas de seguridad y personal autorizado.
El proyecto se apoya en la idea de ampliar el universo de armas registradas para mejorar el control estatal, pero también deja abierta una discusión sensible sobre el alcance real de la regularización y su impacto en la circulación de armamento.
Con el dictamen ya firmado, el Senado quedó a un paso de discutir una iniciativa que combina control, simplificación administrativa y una política de entrega voluntaria prorrogada hasta 2027.
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