El juez Daniel Rafecas cerró la investigación contra el Jefe de Gabinete tras el dictamen de la fiscal Alejandra Mangano. El fallo concluyó que no hubo malversación de fondos ni perjuicio económico, ya que el espacio en la aeronave sobraba y los gastos personales de Bettina Angeletti no fueron costeados por el Estado.
La Justicia Federal puso punto final a la controversia que rodeaba al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este viernes 24 de abril de 2026, el juez Daniel Rafecas dispuso el archivo de la causa que investigaba el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Nueva York en la flota oficial. La decisión se tomó luego de que la fiscalía determinara que los hechos “no configuraban ningún delito”.
La denuncia, impulsada originalmente por el abogado Gregorio Dalbon en marzo pasado, apuntaba a una presunta malversación de caudales públicos. Sin embargo, la investigación técnica desmoronó los argumentos de la acusación con datos concretos sobre la logística del viaje.
Tras recolectar informes de la Secretaría General de la Presidencia y de la Jefatura de Gabinete, la fiscal Alejandra Mangano detalló por qué no hubo perjuicio al erario público:
Capacidad del avión: Angeletti viajó en el Boeing 757-200 (el avión presidencial) que cuenta con 39 plazas. En los tramos oficiales solo viajaban entre 10 y 14 personas, por lo que el espacio sobrante permitía invitados sin costo extra de traslado.
Alojamiento: Las habitaciones de hotel en Miami y Nueva York fueron facturadas a nombre de Adorni. Al ser habitaciones dobles, la presencia de su esposa no generó cargos adicionales para el Estado.
Viáticos y pasajes: El Estado no liquidó viáticos por alimentación o movilidad para Angeletti. Además, se comprobó que el pasaje de regreso de la mujer no fue pagado por el Estado ni emitido por la agencia oficial Optar S.A.U.
El juez Rafecas, en una resolución de 14 páginas, fue tajante al señalar la “inexistencia de delito”. El magistrado coincidió con la fiscalía en que el uso de la aeronave para trasladar a un acompañante bajo invitación del Ejecutivo entra dentro de lo que se denomina la “discrecionalidad presidencial”.
“Las circunstancias que rodearon al viaje institucional encabezado por la comitiva presidencial de la que formó parte Adorni no encuadraban en el accionar típico investigado”, sostuvo Rafecas.
En cuanto al gasto del funcionario, la Justicia confirmó que el pasaje de regreso de Adorni (por un valor de 4.900 dólares) está amparado por la normativa vigente que permite a los ministros de alta jerarquía viajar en clase ejecutiva.
Con este archivo, el Gobierno cierra un frente judicial que había generado ruido en la opinión pública, reafirmando la postura de Adorni de que el viaje de su cónyuge se realizó bajo parámetros de estricta legalidad y sin costo adicional para los contribuyentes.
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