Treinta nuevos pliegos ingresaron hoy a la Cámara Alta para ocupar juzgados, fiscalías y defensorías en diversas provincias. La iniciativa oficialista suma más de 110 propuestas enviadas al Congreso, en medio de críticas opositoras por la designación de jueces afines.
El Poder Ejecutivo Nacional remitió hoy al Senado de la Nación un paquete de 30 pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Con esta nueva tanda, las propuestas enviadas al Congreso durante la presente gestión superan las 110 designaciones, en un intento por reducir el déficit de nombramientos que afecta a diversos fueros federales y nacionales.
La lista comprendió aspirantes para juzgados y tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santiago del Estero.
Entre las postulaciones para el fuero Criminal y Correccional de la Capital Federal se destacaron los nombres de Fernando Carlos Damián Pascual (Juzgado N° 41) y Javier Rodrigo Pereyra (Juzgado N° 3). Por su parte, para el ámbito civil se propuso a Florencia Inés Córdoba y Lucila Califano.
El envío de las carpetas ocurre en un clima de tensión parlamentaria. Legisladores de la oposición señalaron la celeridad en el trámite del juez Víctor Arturo Pesino, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El magistrado firmó recientemente el fallo que rehabilitó artículos de la reforma laboral. Este movimiento administrativo fue interpretado por sectores críticos como una respuesta política inmediata a la decisión judicial.
Asimismo, la nómina incluyó nombres vinculados a la estructura judicial tradicional. Entre ellos figuraron parientes de integrantes del Ministerio de Justicia y de la Corte Suprema, además de Ana María Juan, propuesta para el Juzgado Federal de Hurlingham y cónyuge del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
El Ministerio de Justicia confirmó que estas nominaciones buscaron cubrir una parte de los casi 300 cargos vacantes, incluyendo defensorías y fiscalías. En el listado para el interior, resaltó la propuesta de seis conjueces para la jurisdicción de Córdoba, entre los que se encuentran Maximiliano Daniel Chávez y Andrea Cristina Di Gregorio.
A partir del ingreso de estos documentos, la Comisión de Acuerdos del Senado deberá iniciar el proceso de audiencias públicas. En esta instancia, los ciudadanos y organizaciones civiles podrán presentar impugnaciones u observaciones sobre la idoneidad de los candidatos antes de que los dictámenes lleguen al recinto para su votación final.
La cobertura de vacantes judiciales representa uno de los desafíos institucionales más urgentes para la administración actual. No obstante, el debate en la Cámara Alta determinará si estas propuestas responden a una necesidad de agilizar la justicia o si prevalecerán los cuestionamientos sobre los vínculos políticos de los seleccionados. ¿Logrará el oficialismo los consensos necesarios para aprobar los pliegos en un Congreso fragmentado?
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