Tope a las facturas de agua en Buenos Aires

El Gobierno nacional fijó topes mensuales a los aumentos de AySA hasta agosto, reduciendo el máximo del 4% al 3% desde mayo. La medida busca equilibrar las finanzas de la empresa con la protección del bolsillo de los usuarios bonaerenses.

AYSA

La administración nacional ha determinado un techo para las actualizaciones en las boletas de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), buscando mitigar el impacto del costo de vida en los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires. Según lo establecido por el ente regulador del sector, los incrementos que venían operando con un máximo del 4% hasta el cierre de abril experimentarán una moderación a partir de la próxima semana. Desde el inicio de mayo y hasta el octavo mes del año, las subas mensuales no podrán exceder el 3%, siempre que la fórmula de actualización técnica se sitúe por debajo de dicho valor.

Esta disposición, formalizada recientemente en el Boletín Oficial, es el resultado de un análisis financiero profundo sobre la situación de la empresa concesionaria. El objetivo gubernamental es garantizar la operatividad del servicio de red cloacal y agua potable sin necesidad de recurrir a subsidios directos del Tesoro, pero evitando a la vez que las correcciones tarifarias desestabilicen la economía familiar. En este sentido, AySA ha tenido que resignar parte de su recaudación proyectada para 2025 y absorber el costo de esta implementación progresiva durante el presente ejercicio, un esfuerzo que quedará plasmado en sus informes de balance trimestral ante las autoridades de control.

El marco regulatorio que rige estas decisiones se apoya en normativas vigentes desde hace casi dos décadas, aunque ha sido adaptado recientemente para responder a la volatilidad inflacionaria detectada entre finales del año pasado y el comienzo de 2026. A pesar de que la compañía advirtió sobre un desfasaje en sus ingresos debido al alza generalizada de costos operativos, el organismo de regulación optó por priorizar una convergencia más lenta. Para proteger a los sectores más vulnerables dentro de este proceso de adecuación de precios, el Programa de Tarifa Social continuará vigente, asegurando bonificaciones que impidan que el ajuste tarifario afecte la capacidad de pago de los usuarios con menores recursos.

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