Integrantes de la Sala IV de Casación revocaron el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros. La resolución, dictada por mayoría, obliga a la Cámara Federal a emitir un nuevo pronunciamiento sobre las supuestas negociaciones incompatibles con la función pública.
El máximo tribunal penal del país dejó sin efecto la resolución que vinculaba formalmente a Alberto Fernández con presuntas maniobras de corrupción. Con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, y la disidencia de Gustavo Hornos, la Justicia determinó que se vulneró el principio de imparcialidad al confirmarse un procesamiento que el propio fiscal de cámara, José Agüero Iturbe, había pedido revocar.
En cuanto al origen del conflicto, la investigación se centra en el Decreto 823/2021, firmado por el exmandatario, que obligaba a los organismos públicos a contratar pólizas con Nación Seguros S.A. Según el expediente, este esquema facilitó la entrada de intermediarios privados que percibieron comisiones por más de 3.300 millones de pesos, cifras que superarían ampliamente los valores de mercado.
La mayoría del tribunal argumentó que “no hay juez sin acusador”. Al coincidir la defensa y el fiscal Agüero Iturbe en que no había elementos suficientes para procesar a Fernández, la Cámara Federal no debió confirmar la medida. Borinsky remarcó que actuar de oficio excede las facultades del tribunal y afecta el debido proceso legal.
Por su parte, el magistrado Gustavo Hornos votó en contra de este beneficio. El juez sostuvo que el procesamiento estaba fundado y que el esquema de direccionamiento irregular causó un perjuicio económico directo al Estado. Según su postura, la intervención del fiscal general Raúl Pleé ante Casación era suficiente para mantener viva la base acusatoria.
El fallo actual no implica el cierre de la investigación, pero obliga a la Cámara Federal a dictar un nuevo pronunciamiento. Además, abre un interrogante sobre la situación de otros diez imputados, entre ellos el broker Héctor Martínez Sosa, quienes ya tenían sus procesamientos confirmados pero ahora podrían verse beneficiados por esta revisión técnica.
La resolución devuelve el expediente a una etapa de definiciones. ¿Podrá la Justicia reconstruir una acusación sólida que respete las garantías procesales o este tecnicismo marcará el rumbo definitivo de la Causa Seguros? El escenario deja abierta la discusión sobre los límites de la actuación fiscal en delitos de alta sensibilidad pública.
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