Un tribunal municipal de San Petersburgo declaró extremista y prohibió las actividades de la Red LGBT Rusa en todo el país, ampliando la represión contra organizaciones y personas LGBTI en Rusia.
Un tribunal municipal de San Petersburgo declaró extremista y prohibió las actividades de la Red LGBT Rusa en todo el país, ampliando la represión contra organizaciones y personas LGBTI en Rusia.
El Tribunal Municipal de San Petersburgo ratificó el lunes la demanda administrativa interpuesta por el Ministerio de Justicia para declarar como “organización extremista” al movimiento interregional Red LGBT Rusa. La medida impone una prohibición total a sus operaciones en la Federación Rusa, consolidando una tendencia jurídica que comenzó con la restricción general al movimiento internacional en 2023.
La sesión judicial se desarrolló de forma privada y sin acceso a la prensa. Según el Servicio de Prensa Unificado de los tribunales locales, la sentencia afecta directamente a la entidad que fue fundada por activistas de San Petersburgo.
Esta organización, que ya figuraba en el registro de “agentes extranjeros“, se dedicaba primordialmente a brindar asistencia jurídica y contención psicológica a personas de la comunidad.
El fallo contra la Red LGBT Rusa se suma a una serie de resoluciones dictadas en los últimos dos meses contra otros cinco colectivos similares en ciudades como Moscú, Ekaterimburgo y Samara.
Las autoridades rusas argumentan que estas acciones forman parte de una campaña institucional para proteger los “valores familiares tradicionales“, según declaraciones del Ejecutivo.
Paralelamente a la prohibición de organizaciones, el sistema judicial intensificó las sauciones económicas contra plataformas digitales y empresas culturales. Recientemente, un tribunal moscovita impuso multas de hasta ocho millones de rublos a la plataforma de juegos Roblox y sanciones millonarias a servicios de streaming como Wink y Kinopoisk por permitir el acceso a contenidos con temática relacionada.
La presión legal alcanzó también a la industria del libro. Agentes de seguridad detuvieron recientemente a directivos de la editorial Eksmo para interrogarlos en relación con una causa por extremismo vinculada a Popcorn Books, firma especializada en literatura diversa.
Obras de autores internacionales, como Stephen King y Ursula Le Guin, fueron retiradas de la venta tras denuncias administrativas por presunta “propaganda“.
En el ámbito penal, las condenas por participar en actividades de grupos declarados extremistas ya registran antecedentes con penas de prisión. En Chita, una empresaria de 23 años recibió una condena de cuatro años de reclusión, mientras que en otras regiones se dictaron arrestos domiciliarios por la organización de eventos privados.
La defensa del movimiento anunció su intención de apelar la decisión ante instancias superiores, aunque el marco legal vigente reduce las posibilidades de revertir la prohibición.
Este fallo deja a los activistas y voluntarios en una situación de vulnerabilidad jurídica, ante el riesgo de ser procesados por colaborar con una estructura ahora proscrita.
La clausura de los canales de asistencia legal plantea interrogantes sobre el futuro de la protección de derechos civiles en Rusia. Sin organizaciones legales vigentes, ¿qué mecanismos de defensa restan para los ciudadanos afectados por la discriminación bajo las nuevas normativas de extremismo?
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