Un amplio margen de votos en el Congreso obligó a Lula a aceptar una reforma que rebaja la pena de Bolsonaro y otros condenados por el golpe frustrado de 2022, marcando la debilidad del Ejecutivo frente al poder legislativo.
Un amplio margen de votos en el Congreso obligó a Lula a aceptar una reforma que rebaja la pena de Bolsonaro y otros condenados por el golpe frustrado de 2022, marcando la debilidad del Ejecutivo frente al poder legislativo.
El Congreso Nacional de Brasil asestó este jueves un duro revés al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva al revocar el veto presidencial sobre la denominada “ley de dosimetría“.
Con una votación de 318 diputados frente a 144, y 49 senadores contra 24, el Poder Legislativo validó una norma que reduce drásticamente las condenas de los implicados en los disturbios del 8 de enero de 2023.
Esta decisión ocurre menos de 24 horas después de que el Senado rechazara al candidato de Lula para el Tribunal Supremo, Jorge Messias. Ambos sucesos evidencian la fragilidad de la coalición gubernamental frente a una mayoría parlamentaria conservadora y de centro, conocida como el Centrão, que ha tomado el control de la agenda legislativa a pocos meses de las elecciones.
La nueva legislación modifica la forma en que se computan los delitos contra el Estado democrático de Derecho. El cambio principal establece que las penas por abolición violenta del Estado de Derecho y golpe de Estado ya no se sumarán de forma acumulativa. En su lugar, se aplicará únicamente la sanción del delito más grave, lo que reduce significativamente el tiempo de permanencia en prisión.
Asimismo, la normativa contempla una reducción de pena para aquellos que participaron en los actos en un contexto de multitud, siempre que no hayan sido financiadores o líderes del movimiento.
Para el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria, este cambio legal podría reducir su condena actual, permitiéndole acceder a un régimen semiabierto en un periodo de dos a cuatro años, en lugar de cumplir la sentencia íntegra hasta 2033.
Por otro lado, la sesión estuvo marcada por intensas negociaciones encabezadas por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre. Según fuentes parlamentarias, el respaldo del bloque centrista a esta medida habría sido el resultado de un acuerdo para evitar la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI). Para evitar que la ley beneficiara también a condenados por crimen organizado o feminicidio, Alcolumbre declaró inválidos los artículos que chocaban con leyes de seguridad previas.
En respuesta, el senador Randolfe Rodrigues, portavoz del Gobierno, calificó la votación como una “triste tradición” de amnistiar a quienes atentan contra la democracia. El Partido de los Trabajadores (PT) adelantó que impugnará la ley ante el Tribunal Supremo, argumentando que los delitos contra la Constitución son, por naturaleza, irreducibles mediante este tipo de maniobras legislativas.
El futuro de esta ley queda ahora en manos del Poder Judicial, que deberá determinar si el Congreso tiene la facultad de reducir penas por delitos que atentan contra el orden democrático. ¿Prevalecerá la soberanía del Legislativo para calibrar las sentencias o el Supremo Tribunal Federal (STF) anulará la norma por considerarla una amnistía disfrazada?
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