Mediante un nuevo decreto, el Estado redujo drásticamente los impuestos que pagan las empresas por contratar trabajadores. La medida busca que más personas accedan a un empleo formal y estable, bajando los costos para quienes busquen ampliar sus equipos de trabajo.
El Poder Ejecutivo nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), mediante la publicación del Decreto 315/2026 en el Boletín Oficial este lunes. La medida busca dinamizar el mercado de trabajo privado tras la sanción de la Ley N° 27.802 en marzo pasado. El esquema otorga beneficios significativos a los empleadores que incrementen su nómina con personas que se encontraban fuera del sistema de seguridad social.
Los empleadores que decidan utilizar este sistema deberán registrar las altas de sus nuevos dependientes ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El plazo para acceder al beneficio comenzó el 1 de mayo de este año y se extenderá hasta el 30 de abril de 2027.
La normativa estableció que podrán ser contratadas personas que no tenían una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025 o aquellas que acreditaron seis meses de desempleo previo. Asimismo, el régimen incluyó a quienes se encuentran inscriptos en el monotributo y a trabajadores del sector público nacional, provincial o municipal que decidan migrar al ámbito privado.
La principal ventaja del RIFL es la reducción drástica de las contribuciones patronales, que habitualmente oscilan entre el 18% y el 20,4%. Bajo este nuevo marco, las empresas abonarán una alícuota única del 5% durante los primeros 48 meses de la relación laboral.
Ese porcentaje se dividirá en dos tramos. El 2% se destinará al sistema previsional, asignaciones familiares y fondo de empleo, mientras que el 3% restante financiará al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). Paralelamente, el decreto aclaró que se mantendrán las contribuciones adicionales del 2% para regímenes diferenciales, como los de trabajadores eléctricos o petroleros.
El Gobierno nacional fijó límites estrictos para evitar abusos del sistema. Las empresas no podrán contratar bajo este esquema a personas que formaron parte de su plantilla y fueron desvinculadas en los últimos 12 meses. Por otra parte, los empleadores que iniciaron actividades después del 10 de diciembre de 2025 solo podrán cubrir hasta el 80% de su nómina con este beneficio.
Incumplir las obligaciones del régimen o simular contrataciones provocará la pérdida automática del beneficio. En tal escenario, ARCA exigirá el pago de las contribuciones no abonadas con sus respectivos intereses y sanciones. Expertos laboralistas señalaron que el RIFL no constituye un blanqueo para empleados actuales en la informalidad, sino un estímulo para nuevas incorporaciones genuinas.
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