Tras la fractura sufrida por Egidio Contreras en un operativo policial, la Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la investigación y producir nuevas pruebas. El fallo cuestiona la proporcionalidad de la fuerza y el “silencio judicial” ante grupos vulnerables.
La Cámara Federal de Casación Penal dispuso la reapertura de la investigación por las lesiones que sufrió un manifestante de 75 años durante una movilización en las inmediaciones del Congreso Nacional. El fallo de la Sala II dejó sin efecto el archivo de las actuaciones que habían impulsado la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano, tras considerar que la instrucción previa resultó insuficiente y arbitraria.
Los hechos analizados ocurrieron el pasado 22 de octubre, cuando efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) intervinieron en una columna de jubilados que se desplazaba por la intersección de Hipólito Yrigoyen y la Avenida Entre Ríos. Según consta en el expediente, Egidio Contreras fue arrojado al suelo por cuatro agentes, acción que le provocó una fractura de húmero.
El camarista Alejandro Slokar, quien lideró el voto mayoritario, sostuvo que el uso de la fuerza pública debe garantizar el ejercicio de las libertades y el reclamo social, no su represión. El magistrado advirtió que la resolución anterior no cumplía con los estándares mínimos de fundamentación, especialmente al tratarse de una víctima perteneciente a un grupo vulnerable con derecho a tutela preferente.
Asimismo, la sentencia subrayó que el Poder Judicial tiene la obligación de investigar posibles violaciones a los derechos humanos y evitar el “silencio judicial”. Según el voto de Slokar, la falta de control sobre los excesos en el uso de la fuerza estatal puede generar un efecto de desaliento en la participación ciudadana y deteriorar el debate público en el marco democrático.
Por decisión del tribunal, se ordenó el apartamiento de los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.
Estos magistrados habían validado previamente el archivo de la denuncia al interpretar que la actuación de los efectivos fue “funcional” y carente de fuerza excesiva. Sin embargo, Casación determinó la necesidad de producir nuevas medidas de prueba, incluyendo el testimonio de la víctima.
El fiscal ante la Cámara de Casación, Javier de Luca, respaldó el planteo de la querella —encabezada por Adolfo Pérez Esquivel y la abogada María del Carmen Verdú—. De Luca argumentó que la intervención estatal debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, elementos que no fueron comprobados en el cierre prematuro de la causa.
La resolución judicial se produce en un escenario de debate sobre la aplicación del protocolo de seguridad en la vía pública. Mientras que el juez Guillermo Yacobucci votó en disidencia por considerar inadmisible el recurso, la mayoría del tribunal enfatizó que la violencia institucional no puede ser naturalizada ni validada por los órganos de justicia.
El caso cobra relevancia ante los recientes señalamientos de organismos internacionales respecto a la gestión de las manifestaciones públicas. Con esta decisión, la justicia federal deberá retomar la investigación para determinar las responsabilidades penales de los efectivos involucrados y sus mandos jerárquicos.
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