Desarticularon en Tigre una organización transnacional que captaba personas bajo engaño para llevarlas a combatir en Ucrania. La Justicia investiga al menos siete casos coordinados mediante falsas promesas laborales.
Desarticularon en Tigre una organización transnacional que captaba personas bajo engaño para llevarlas a combatir en Ucrania. La Justicia investiga al menos siete casos coordinados mediante falsas promesas laborales.

Una investigación de la Justicia Federal desarticuló en la localidad bonaerense de Tigre una organización transnacional dedicada a la captación de ciudadanos argentinos para sumarlos a las hostilidades bélicas entre Ucrania y Rusia.
La causa, instruida por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella y el fiscal Sergio Mola, derivó en la detención de una exagente de la Policía Bonaerense, identificada como Griselda Inés Ortiz, mientras que su pareja permanece prófuga tras haber salido del país hacia Brasil.
Investigaciones del Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal Argentina establecieron que la red utilizaba plataformas digitales como TikTok, Telegram y Signal para contactar a hombres en situación de vulnerabilidad económica o con formación previa en fuerzas de seguridad.
Las ofertas prometían remuneraciones mensuales de entre 1.000 y 3.000 dólares por supuestas tareas de reconstrucción de infraestructura. Sin embargo, el objetivo real consistía en trasladarlos al frente de combate.

El caso se inició en marzo de 2026, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectó irregularidades durante una entrevista a cuatro pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Los hombres tenían pasajes con destino a Estambul, Turquía, con escala posterior en Moldavia, para luego ingresar a territorio ucraniano. Durante el interrogatorio, los viajeros incurrieron en contradicciones: afirmaron que trabajarían como albañiles, pero desconocían quién financiaba los boletos, carecían de pasajes de regreso y no contaban con fondos para su estadía.
Posteriormente, las víctimas declararon ante el Programa Nacional de Rescate que habían sido captadas para incorporarse a acciones de combate. Las actuaciones judiciales revelaron que los reclutadores entregaban documentación redactada en idioma ucraniano e impartían instrucciones sobre qué declarar ante los controles migratorios para ocultar el verdadero propósito del viaje.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas recopiló siete casos similares registrados durante 2026 en jurisdicciones como Lomas de Zamora, Tucumán y Santa Fe.
Paralelamente, Interpol Colombia emitió una Alerta Morada advirtiendo sobre este esquema operativo en la región, donde redes criminales apelan a ofertas laborales falsas, confidencialidad coercitiva y retención de documentos en el destino.
Fuentes del expediente señalaron que, si bien la legislación ucraniana contempla la incorporación de extranjeros a sus filas, la causa en Argentina se encuadra en trata de personas. El consentimiento de los damnificados queda invalidado por el engaño, la manipulación de la necesidad económica y la falta de información clara sobre las condiciones reales de riesgo.
El hallazgo de esta red expone la complejidad de los delitos transnacionales que instrumentalizan los conflictos armados globales para la explotación de personas. Frente a esquemas que operan al margen de los canales oficiales, queda planteado el interrogante sobre qué mecanismos de control de frontera y cooperación internacional resultarán necesarios para frenar la captación ilícita de ciudadanos en la región.
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