El Gobierno oficializó el cierre del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 y eliminó la obligatoriedad de los aportes a la Coviar. El ministro de Desregulación calificó el sistema como una “aberración” que recaudó 300 millones de dólares sin resultados.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó la decisión del Ejecutivo de poner fin al esquema de financiamiento obligatorio de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). A través de la resolución 55/2026, el Estado dejó de recaudar contribuciones forzosas que, según el funcionario, representaban una distorsión inaceptable en el mercado.
El monto: Entre 2004 y 2025 se recaudaron US$300 millones mediante este sistema.
Resultados nulos: El plan prometía exportaciones por US$2000 millones anuales, pero la cifra nunca se alcanzó.
Nueva regla: A partir de ahora, los aportes a cámaras del sector serán voluntarios, bajo el principio de libertad de asociación.
Sturzenegger fue tajante al describir el funcionamiento de la Coviar como un mecanismo donde el Estado “regalaba un impuesto a los privados”. Durante 22 años, las bodegas debieron pagar por cada litro de vino elaborado y embotellado, así como por cada kilo de uva procesado. Sin embargo, esos fondos no ingresaban al Tesoro Nacional, sino que financiaban directamente a la corporación privada.
“Un Estado que cobra impuestos para financiar a privados es una anomalía absoluta. Hoy terminamos con esta aberración”, sentenció el ministro en sus redes sociales. Según su análisis, el esquema no solo falló en sus objetivos de competitividad, sino que la contribución obligatoria subía sistemáticamente por encima de la inflación, incluso cuando las exportaciones argentinas se estancaban por debajo del 2,5% del mercado mundial.
Uno de los puntos más críticos de la medida es el cuestionamiento a la validez legal de la continuidad del programa. El PEVI original fue concebido para finalizar en 2020, pero la Coviar había aprobado unilateralmente una actualización hasta 2030 para mantener el flujo de fondos. Sturzenegger advirtió que la entidad “no tiene facultades para autoprorrogarse el financiamiento”.
Además de la falta de sustento legal para la extensión, el ministro denunció una profunda falta de transparencia en el uso de los recursos. Aseguró que no existía información certera sobre el destino de los millones de dólares recaudados, lo que convertía al sistema en un lastre para la eficiencia de las bodegas locales.
La resolución no implica la disolución de la Coviar, que mantendrá su personería jurídica, pero sí el fin de su financiamiento coactivo. A partir de ahora, la entidad deberá convencer a sus miembros de aportar valor para sostenerse. “Si una bodega quiere asociarse, lo hace voluntariamente. Si considera que no le aporta valor, se va”, explicó el funcionario.
Esta medida se enmarca en el plan de desregulación económica que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Según Sturzenegger, el objetivo final es “sacar al Estado de adentro de la bodega” y eliminar las cargas que afectan la competitividad del vino argentino frente al mundo.
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