La popularidad de Vladímir Putin cae ante la crisis económica y la inflación que afecta el consumo familiar. Encuestas reflejan un creciente pesimismo social comparado con los años noventa, mientras el Kremlin enfrenta tensiones internas por el control de internet.
La inquebrantable popularidad de Vladímir Putin enfrenta su desafío más complejo desde el inicio del conflicto en Ucrania. Recientes mediciones de consultoras tanto gubernamentales como independientes revelan un declive constante en la aceptación del mandatario, motivado primordialmente por una inflación galopante y el agotamiento del modelo financiero basado en la industria armamentística. El impacto directo en el poder adquisitivo de los ciudadanos rusos ha comenzado a fisurar la percepción de estabilidad que el presidente proyectó durante más de dos décadas, obligándolo a retomar gestos de cercanía pública —como encuentros afectuosos con niños— para intentar frenar el descontento social.
Según datos de la agencia estatal VTSIOM, la aprobación del jefe de Estado retrocedió al 65,5% en abril, una caída de casi diez puntos respecto a los niveles de febrero. Por su parte, el Centro Levada destaca que, aunque el respaldo sigue siendo mayoritario, la confianza en el rumbo del país se ha desplomado: actualmente, apenas un 55% de la población considera que la nación avanza por la senda correcta. Los expertos señalan que el factor determinante no es la fatiga por la guerra, sino la crisis de la industria civil, que ha sido absorbida por las necesidades del frente, generando un escenario de escasez y encarecimiento que los rusos comparan ya con la precariedad de los años noventa.
Este escenario de vulnerabilidad ha reactivado las tensiones entre las distintas facciones del poder en Moscú. Mientras los servicios de inteligencia endurecen el control sobre internet y las libertades digitales bajo el argumento de la seguridad nacional, sectores vinculados a la administración política advierten que la represión excesiva podría ser contraproducente. Incluso figuras del Partido Comunista han alertado sobre el riesgo de un estallido social similar al de 1917 si no se aplican reformas financieras urgentes. Con una percepción negativa de la situación política que alcanza niveles históricos, el Kremlin se enfrenta a la encrucijada de sostener su narrativa de orden frente a una realidad económica que escapa a su control.
El SUTNA presiona a Axel Kicillof para que la Legislatura apruebe la ocupación temporal de la planta de FATE tras su cierre definitivo. Pese al reclamo gremial, la provincia descarta la intervención estatal y la empresa ratifica el cese operativo.
El periodista Diego Cabot ratificó ante la justicia la autenticidad de los cuadernos de Oscar Centeno. En una declaración de doce horas, detalló cómo recibió y verificó las anotaciones sobre coimas, protegiendo sus fuentes ante las preguntas de las defensas.
El juez Luis Armella advirtió que detendrá al financista Ariel Vallejo si no declara el 26 de mayo por presunto lavado y fraude. La causa salpica a la cúpula de Banfield y a la AFA tras detectarse maniobras millonarias sospechosas.
Corea del Norte incrementó drásticamente las ejecuciones tras el cierre fronterizo de 2020, castigando con la muerte el consumo de cultura extranjera y prácticas religiosas. El régimen utiliza el terror público para frenar la influencia ideológica externa en su población.
El Chapo Guzmán burló la máxima seguridad en EE. UU. al enviar mensajes criminales a sus hijos mediante visitas legales. El Buró de Prisiones detectó que el narco coordinó pagos, lavado de dinero y amenazas a informantes desde su celda.
La popularidad de Vladímir Putin cae ante la crisis económica y la inflación que afecta el consumo familiar. Encuestas reflejan un creciente pesimismo social comparado con los años noventa, mientras el Kremlin enfrenta tensiones internas por el control de internet.
México aceptó modificar la gestión de vuelos en el AICM para garantizar equidad a las aerolíneas estadounidenses, tras exigencias de Washington. El acuerdo busca reactivar rutas suspendidas y asegurar la conectividad logística binacional antes del Mundial de Fútbol 2026.
Una red criminal engaña a peruanos con falsas ofertas laborales para enviarlos forzosamente a combatir por Rusia. Con quince fallecidos confirmados, las familias denuncian desamparo estatal y amenazas mafiosas, mientras los reclutadores ahora usan becas y deportes como nuevas carnadas.
